Los secretos del pazo de Meirás, bajo la lupa 45 años tras de la muerte de Franco

La resolución de la jueza Marta Canales que estima la petición de medidas cautelares de la Abogacía del Estado y prohíbe la retirada de ningún elemento del pazo hasta realizar un inventario exhaustivo de todos los bienes ahí depositados marca un nuevo hito en la recuperación de la memoria histórica, pero deja también en evidencia las lagunas, las zonas en sombra en la gestión de este Bien de Interés Cultural desde 2008.

La jueza da por buenos los argumentos de la Abogacía del Estado, que alegó que el pazo de Meirás cuenta con un nivel de protección integral que, dice, afectaría a todos sus elementos, por lo que debe velarse porque no se vacíe "sin dejar ningún tipo de constancia de los bienes que se encuentran en su interior". Al hilo de este argumento, surge una incógnita: ¿Por qué la Xunta, encargada de velar por la conservación del pazo de Meirás, carece todavía de un inventario detallado de los bienes si tal y como argumenta ahora el Estado , la declaración de BIC de 2008 llevaba aparejada la protección de todo el contenido?. La Consellería de Cultura, que ahora alega que la entrega del pazo debe incluir "todo lo que se encuentre dentro del mismo", ha rehusado aclarar a este diario si durante todos estos años ha supervisado la entrada y salida de bienes muebles, aunque de su respuesta de ayer se puede deducir que no.

El conselleiro, Román Rodríguez, que afirmó hace unos días que la Xunta disponía de un inventario "inicial", incidió este martes en que, en contra de lo que alega la Abogacía del Estado, la declaración de BIC de 2008 "recogía solo el continente, no el contenido" y que será ahora, con la realización de este inventario previo a la entrega de las llaves, cuando se deberá evaluar y analizar qué mobiliario o piezas merecen ser catalogadas. "Ahora se evaluará el contenido y se analizará si tiene valor para ser catalogado", apuntó. Su afirmación va en la línea de lo que avanzaban hace unos días expertos en derecho, que ponían el acento en las dificultades de impedir el traslado de los bienes muebles, que no fueron objeto de la demanda, y que los Franco han podido mover a su antojo durante todos estos años, salvo las esculturas del Mestre Mateo, que han sido declaradas Bien de Interés Cultural, por lo que la Xunta deberá autorizar un cambio de ubicación,

Los representantes del bipartito que tramitaron la declaración BIC el pazo de Meirás explican que en aquel momento no se realizó un inventario propiamente dicho. El por entonces secretario xeral de la Consellería de Cultura, Carlos Amoedo, relataba ayer a este diario las dificultades a las que tuvieron que enfrentarse para inspeccionar el pazo. Los Franco se opusieron desde el primer momento a la visita de los técnicos, que recurrieron hasta el Tribunal Supremo, al igual que el BIC de Meirás. "Teníamos miedo a dar un paso en falso y que los Franco consiguiesen anular todo el proceso por vulnerar su derecho a la intimidad", explica este catedrático de Derecho Administrativo, que recuerda que en aquel momento la ley de memoria histórica era una recién nacida y se carecía de una regulación específica sobre los bienes culturales que fuesen a su vez domicilio.

El temor parece más que fundado si se atiende a que los propios jueces, en la sentencia que ratifica el derecho de la Xunta a inspeccionar el pazo de Meirás, apuntaban precisamente al carácter superficial de esa inspección y argumentaban que la entrada de los técnicos "no tenía otra finalizad que comprobar el estado actual del edificio y su entorno, a los efectos de constatar cuál era su nivel de conservación".

"Sabíamos que nos íbamos a meter en un jardín, pero no pensamos que fuese a ser tan frondoso", relata Amoedo, que explica que en aquel momento tuvieron que andar con pies de plomo "para que no naufragase" el proceso, que tenía por principal objetivo lograr que 32 años después de la muerte de Franco, Meirás abriese sus puertas al público. Era, dice, el primer paso para su recuperación como patrimonio público.

El día en que una arquitecta y una historiadora del arte traspasaron al fin el portalón de Meirás todos eran nervios en la Consellería de Cultura, rememora. "Estábamos todos pendientes del móvil, con el alma en un puño". Esa visita permitió realizar el primer reportaje fotográfico del pazo. "Disfrutamos mucho visionando las fotos, fue muy emocionante, pero tuvimos muchísimo cuidado de que no se filtrasen las imágenes y los Franco nos acusasen de vulnerar su derecho a la intimidad". Ese documento gráfico, afirma Amoedo, "quedó bajo siete llaves hasta hoy".

Cuando los Franco perdieron su última batalla judicial y el Supremo ratificó la declaración de BIC de As Torres en 2011, ya no gobernaban PSOE y BNG en la Xunta y no consta que el PP, que en un principio cuestionó esta catalogación, diese algún paso para detallar el inventario de bienes. La resolución de BIC de 2008 no se ha tocado desde entonces y solo recoge una descripción somera del mobiliario y obras artísticas. Solamente deja constancia de la existencia de "muebles de época, cuadros, tapices, armas y pergaminos" y de "anaqueles llenos de libros y documentos cuyo valor se desconoce".

Carlos Amoedo cargaba ayer contra la actitud "tan hipócrita" del Gobierno gallego, que defiende ahora la conservación de todos los bienes pero que "miró para otro lado" durante todos estos años. Este experto afirma que el reportaje fotográfico realizado entonces "puede valer perfectamente como herramienta de identificación y protección de las pertenencias que forman parte inseparable del sitio histórico" de Meirás.

Queda ahora un largo trabajo de catalogación por delante. El trabajo del inventario de bienes deberá servir para distinguir entre el patrimonio personal de los descendientes del dictador, el adquirido durante la dictadura con fondos públicos o que fue entregado a Franco en calidad de jefe del Estado y el que se conserva de Emilia Pardo Bazán. Poco se sabe del patrimonio que atesora Meirás. Durante las visitas, en las que no se permiten sacar fotografías del interior del pazo, se muestran antigüedades, retratos de Franco y su mujer de Sotomayor y Zuluaga, piezas arqueológicas, como unas ánforas romanas supuestamente "regaladas"; las esculturas del Mestre Mateo; restos del pazo de Dodro que adornan el jardín; esculturas, tapices... La titularidad de todos estos bienes no fue objeto de la demanda y la jueza solo ha ordenado de momento la realización de un inventario completo como paso previo a la posible retirada de bienes que, en todo caso, deberá ser expresamente autorizada por el juzgado.

Expertos juristas, como José Manuel Busto Lago, advierten de las dificultades legales de impedir el traslado de bienes, dado que el pleito se limitó al edificio y las fincas. Por este motivo, el Concello de Sada pide por ello que la Xunta amplíe ya la resolución de BIC para incluir aquellos bienes que deben anclarse a Meirás por su interés para interpretar este sitio histórico. La Consellería de Cultura acaba de anunciar la declaración de BIC por vía de urgencia de la biblioteca de Pardo Bazán, parte de cuyos fondos permanencen en As Torres, aunque no aclara de momento si permitirá un cambio de ubicación.