La Comisión Europea (CE) señaló este lunes que "no tiene ningún motivo para creer" que el mecanismo contra la desinformación aprobado por el Gobierno español no vaya a respetar "la certidumbre legal y la libertad de expresión y de prensa".
"En cuanto a la libertad mediática, está muy claro, en general, que cualquier enfoque en el área de desinformación debe respetar la certidumbre legal y la libertad de prensa y de expresión. Pero digo esto como comentario general. No tenemos motivos para creer que esto no haya ocurrido en el caso español", señaló el portavoz comunitario Johannes Bahrke.
El mismo portavoz ya había dicho el pasado viernes que el Ejecutivo comunitario estaba al tanto de que se había aprobado "una orden ministerial que actualiza el sistema nacional existente para evitar, detectar y responder a las campañas de desinformación", según lo definió Bahrke.
Este plan, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional y publicado el jueves en el BOE, ha provocado duras críticas por parte del PP y de Vox por entender que la Moncloa busca, con este procedimiento, el control de los medios o la censura, un extremo que niega el Gobierno.
El portavoz europeo señaló que la lucha contra la desinformación es importante notablemente en las circunstancias actuales de la pandemia, que ha conllevado "un aumento dramático de información falsa y engañosa", y afirmó que el objetivo del plan propuesto es "asegurar la participación española" en este esfuerzo a nivel europeo.
"La orden provee las herramientas y los actores para asegurar la participación de España en los diferentes instrumentos que creamos ya en 2018 a través del plan europeo contra la desinformación", añadió el portavoz, que recalcó que el mecanismo reforzaría las "respuestas conjuntas y coordinadas" desde España.
Actuar contra la desinformación y "la difusión deliberada a gran escala y sistemática de mensajes falsos" que "persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios" es el objetivo de esta disposición, según rezaba el propio texto publicado la semana pasada en el BOE.
El plan permitiría, en caso de que se considere necesario, realizar campañas de comunicación pública dirigidas por la Secretaría de Estado de Comunicación para frenar esa desinformación detectada.
