09 de noviembre de 2020
09.11.2020
La Opinión de Murcia
Fichaje

El PP contrata a Albert Rivera para que recurra la ley catalana de alquileres

La norma obliga a congelar o bajar el precio de los arrendamientos en zonas con "tensión" residencial

09.11.2020 | 11:21
Albert Rivera.

El PP ha contratado al bufete de abogados que ahora preside el exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera, para recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley catalana de alquileres de viviendas, han confirmado a Efe fuentes del PP.

El Mundo publica este lunes que Pablo Casado, presidente del PP, ha contratado a Rivera para elaborar ese recurso contra la norma que aprobó el pasado 9 de septiembre el Parlamento de Cataluña.

Esa ley obliga a congelar o bajar el precio de los alquileres en las zonas con "tensión" residencial de las 60 ciudades catalanas con más de 20.000 habitantes, aunque quedarán exentos los arrendadores "vulnerables", y considera como tales a los que ingresen menos de 2.000 euros mensuales.

Votaron a favor JxCat, ERC, los comunes y la CUP, que impulsaron la norma junto al Sindicat de Llogaters y la Generalitat, mientras que el PSC-Units y PPC lo hicieron en contra, al creer que es una ley "electoralista" e "inconstitucional", pues un organismo consultivo catalán advirtió que contiene varios artículos que vulneran competencias estatales.

El recurso aún no se ha presentado, ya que hay de plazo hasta finales de noviembre.

Por su parte, el bufete Martínez-Echevarría &Rivera Abogados, en un comunicado, confirma el encargo del Partido Popular para presentar el recurso de inconstitucionalidad, que correrá a cargo del departamento de Derecho Público, liderado por el abogado del Estado en excedencia Juan José Zabala.

Para la firma, la ley aprobada por el Parlamento de Cataluña contraviene preceptos legales fundamentales recogidos en la Constitución.

Alude a que el Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat emitió un informe sobre el borrador de la norma y consideró que excedía de las competencias atribuidas al Parlamento autonómico conforme a la Constitución y el Estatuto.

Precisa que la ley también ha suscitado preocupación entre los diferentes actores del sector inmobiliario, ya que interviene el mercado, coartando la libertad de propietarios e inquilinos para fijar los precios de las rentas de alquiler.

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