La Fiscalía del Tribunal Supremo va a abrir una tercera vía de investigación al Rey emérito, que se suma a la abierta en relación con la presunta comisión de 65 millones de euros cobrada por Juan Carlos I de Arabia Saudí y a la abierta por lar tarjetas opacas, según informó la propia fiscal general, Dolores Delgado, en un encuentro con los medios.

Las nuevas diligencias parten del aviso del Sepblac (Servicio ejecutivo de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias) lo que permite deducir que los hechos cuya investigación comieza ahora podrían ser constitutivas de blanqueo y delito fiscal o, al menos infracción administrativa. Esta actuación se produce justo para determinar si hay indicios de delito y es necesario interponer una denuncia o querella contra el monarca.

La investigación será abierta directamente en la fiscalía del Tribunal Supremo, debido a la condición de aforado del Rey Juan Carlos, que perdió la inviolabilidad que le confería la jefatura del Estado al abdicar y ahora es simplemente aforado ante la Sala Segunda del alto tribunal, aunque aquella prerrogativa le sigue protegiendo en su actuación anterior a junio de 2014.

Además para lograr incorporar la operatividad con la que cuenta la Fiscalía Anticorrupción, su fiscal jefe, Alejandro Luzón, que cuenta con categoría de fiscal de Sala, se incorporará a los pesquisas dentro del equipo de miembros del ministerio público creado bajo la supervisión del fiscal de Sala delegado de asuntos económicos, Juan Ignacio Campos.

Archivo y vuelta a la Audiencia

Pese a haberse conocido la tercera investigación no es probable que las tres coincidan en el tiempo, porque la primera, la relativa a las presuntas comisiones del AVE a La Meca, está tan avanzada que se cerrará hacia Navidades en lo relativo al Rey emérito, lo que deja vía libre a que Anticorrupción la retome en lo relativo a los empresarios u otras personas que pudieron participar en el delito de corrupción en las transacciones internacionales que podría haberse cometido.

Este tipo de delito necesita de la interposición de una querella por la Fiscalía para poder iniciarse un procedimiento judicial. De momento las pesquisas continuarán como diligencias de invetigación en la Fiscalía Especial.