03 de noviembre de 2020
03.11.2020
La Opinión de Murcia
Investigación

La fiscal general ordena a Anticorrupción enviar al Supremo las diligencias por el uso de tarjetas opacas por Juan Carlos I, Sofía y varios familiares

Los movimientos, con fondos del extranjero, serían posteriores a la abdicación del Rey Emérito

03.11.2020 | 10:53
La fiscal general ordena a Anticorrupción enviar al Supremo las diligencias por el uso de tarjetas opacas por Juan Carlos I, Sofía y varios familiares
La fiscal general ordena a Anticorrupción enviar al Supremo las diligencias por el uso de tarjetas opacas por Juan Carlos I, Sofía y varios familiares

La Fiscalía General del Estado ha ordenado a Anticorrupción que remita al Tribunal Supremo las diligencias en las que investigaba los gastos de varias tarjetas de crédito presuntamente utilizadas por el Rey Juan Carlos de Borbón, la reina Sofía de Grecia y también varios de sus familiares más directos: entre otros, algunos de sus nietos, aunque ni la Princesa de Asturias ni su hermana. Son tarjetas que, según ha adelantado elDiario.es, se abonaban desde una cuenta en la que ni el Rey emérito ni su familia aparecen como titulares.

Lejos de desmentir la información, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha dictado un decreto en el que ordena la remisión de las diligencias abiertas en Anticorrupción a la Fiscalía del Supremo porque este tribunal es el único que puede investigar a los Reyes eméritos, ambos aforados ante su Sala Segunda. Es la misma estrategia que siguió el ministerio público con las diligencias que Anticorrupción seguía en relación con los delitos fiscales y de blanqueo de capitales que podían suponer los 65 millones de euros que Juan Carlos I habría recibido de la corona saudí y que guardaba en Suiza y en fundaciones panameñas. Como en esa ocasión el fiscal al cargo será Juan Ignacio Campo y los fiscales que él considere oportuno incorporar.

La diferencia es que en esta ocasión la Fiscalía General ha decidido abrir una investigación para determinar el origen de la información periodística que ha dado a conocer las diligencias secretas seguidas por el ministerio público especializado en delitos económicos. Para ello la Fiscalía General del Estado ha trasladado el expediente a la Inspección Fiscal y ha puesto en conocimiento del delegado de Protección de Datos una posible fuga de información.

En la nota remitida por la Fiscalía General se afirma que se procedió a "incoar en fecha 29 de octubre diligencias de naturaleza gubernativa, en cuyo trámite se ha dado traslado a la Inspección Fiscal a fin de comprobar las condiciones de custodia y acceso de los expedientes. Con su resultado se acordará lo procedente. Asimismo, los hechos se han comunicado al Delegado de Protección de Datos de la FGE a los oportunos efectos".
Familiares directos

Entre las personas que se beneficiaban de estas tarjetas opacas no se encuentran los actuales Reyes de España: Felipe de Borbón y Letizia Ortiz, según explican esas mismas fuentes. Tampoco la princesa de Asturias, Leonor de Borbón (que hoy tiene 15 años) ni su hermana, Sofía (13). Pero sí otros familiares directos del Rey emérito, que Anticorrupción está rastreando.

Los movimientos financieros de esa cuenta y los gastos de esas tarjetas corresponden a los años 2016, 2017 y 2018. Es decir, son posteriores a la abdicación del Rey Juan Carlos y a que perdiera su protección constitucional, que le hace inimputable por cualquier delito cometido hasta el año 2014.

En Anticorrupción no solo están analizando todos los gastos de estas tarjetas, sino también el origen de los fondos con los que se cubrían: un dinero procedente del extranjero. Son importantes movimientos de capital posteriores a 2014, por lo que los posibles delitos en ese flujo irregular de dinero pueden ser imputables a Juan Carlos I y la antigua reina consorte. La justicia española ha remitido comisiones rogatorias a diferentes países para rastrear la procedencia de esos fondos.

Por el momento, a la espera del resultado de las comisiones rogatorias y de los documentos que pueden llegar de esos países, la Fiscalía Anticorrupción ya ha encontrado indicios de un presunto delito fiscal, al tratarse de incrementos de renta no declarados superiores a 120.000 euros en un solo ejercicio. Tanto el rey emérito como la reina Sofía son aforados, por lo que esta investigación, de prosperar, será instruida por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Según las fuentes consultadas por elDiario.es, la investigación también ha permitido identificar ya a dos individuos presuntamente vinculados a esta trama de fondos opacos para abonar gastos de la familia real: un ciudadano mexicano y un mando de la Guardia Civil.

Entre los gastos cargados a la tarjeta de la reina Sofía aparecen varios viajes a Londres, donde la esposa del Rey mantiene desde hace años su residencia habitual, añaden las citadas fuentes.

La reina Sofía cuenta con una asignación anual de dinero público. En 2020 recibirá un total de 111.854 euros del presupuesto asignado a la Casa Real. El rey emérito, por su parte, cobró 161.034 euros de esa partida en 2019. Este año solo ha recibido una cuarta parte de esa cantidad; Felipe VI retiró la asignación a su padre en marzo, al trascender el escándalo de su fortuna oculta en paraísos fiscales.

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