El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha enviado a los juzgados ordinarios la segunda causa que el expresidente de la Generalitat Quim Torra tiene abierta por desobediencia, por negarse a retirar una pancarta a favor de los políticos presos, una vez ha perdido su condición de aforado.

En un auto, el magistrado de la sala civil y penal del TSJC Carlos Ramos se inhibe de este procedimiento y lo remite a los juzgados de instrucción de Barcelona, debido a que Torra, a quien ya retiraron el acta de diputado, perdió el pasado 28 de septiembre de forma "sobrevenida" su condición de presidente de la Generalitat, por lo que ya no es aforado y el Alto Tribunal catalán no es competente para investigarle.

Esta segunda causa por desobediencia a Torra -tras la que le costó la inhabilitación por desoír a la Junta Electoral al no retirar a tiempo los lazos amarillos del Palau de la Generalitat en campaña electoral- se abrió en febrero pasado después de que en septiembre de 2019 el entonces president se negase a acatar una orden de la sala contenciosa del TSJC que le obligaba a retirar una pancarta a favor de los políticos presos de la sede del Govern, de forma permanente, no solo en periodo electoral.

Torra compareció como investigado por desobediencia el pasado 23 de septiembre ante el juez del TSJC Carlos Ramos, que le citó para esta segunda causa días antes de que fuese definitivamente inhabilitado, aunque se negó a declarar alegando que "la sentencia ya está escrita" y que era una víctima más de la "represión" al independentismo.

Tras la comparecencia de Torra, la defensa anunció que solicitarían al TSJC nuevas diligencias en esta causa, como la incorporación de todo el expediente administrativo.

Sin embargo, en su auto, el magistrado Carlos Ramos considera que no procede acordar ahora más diligencias, porque la defensa de Torra no ha explicado su necesidad y porque su práctica debería ser "en todo caso" competencia del juzgado de instrucción de Barcelona al que se atribuya la competencia para seguir llevando el proceso.

Esta es la segunda imputación por desobediencia a la que responde Torra, que ya ha sido condenado a un año y medio de inhabilitación por negarse a acatar una orden de la Junta Electoral Central para que descolgara del Palau de la Generalitat una pancarta de apoyo a los políticos presos en periodo electoral, lo que le costó su cese el pasado 28 de septiembre.

La orden dirigida a Torra la dictó en septiembre de 2019, como medida cautelar, la sala contenciosa del TSJC, a raíz de una demanda presentada por la asociación Impulso Ciudadano, que pedía que se descolgaran la pancarta y el lazo del balcón del Palau para mantener la neutralidad del edificio permanentemente, no solo en período electoral.

El entonces presidente de la Generalitat desoyó el ultimátum de 48 horas que le dio el tribunal y recurrió en paralelo la orden, tras lo que el TSJC dictó un nuevo requerimiento en el que instaba a los Mossos d'Esquadra a retirar los símbolos de apoyo a los políticos presos del Palau "de forma inmediata".

Ante esta situación, fueron los Mossos d'Esquadra quienes acabaron retirando la pancarta, con el lema en catalán e inglés "Libertad presos políticos y exiliados" y flanqueada con un lazo amarillo.

Tras la retirada de la pancarta, cuatro activistas independentistas, los exdiputados Lluís Llach y Antonio Baños, la actriz Sílvia Bel y la portavoz de la plataforma Som Escola, Teresa Casals, desplegaron otra con el lema "Libertad de opinión y expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos", que aún luce en el balcón del Palau de la Generalitat.