Las víctimas personadas en la denominada 'querella argentina' por crímenes del franquismo confían que la jueza argentina "no acepte presiones" derivadas de las cartas de los cuatro expresidentes de Gobierno en apoyo del exministro Rodolfo Martín Villa y, tras su declaración, pueda terminar procesado.

Convocadas por la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo, algunas víctimas han relatado los hechos que se le imputan a Martín Villa en la querella, horas antes de que el exministro comparezca por vía telemática desde el Consulado de Argentina en Madrid para responder ante la jueza.

En la rueda de prensa por videoconferencia, tanto las víctimas como su equipo jurídico no han dudado en tachar las cartas de los expresidentes como "un tipo de presión política hacia la jueza".

Los abogados entienden que el momento procesal para presentar esas cartas según la legislación argentina sería en caso de una condena, pero no durante la instrucción. "No se entiende mucho porqué lo han hecho, solo cabe para influir a la jueza", han afirmado ya que las cartas no se refieren a los hechos que se le imputan, tan solo "son testimonios hablando de la persona".

Es por ello que esperan que la jueza "no se deje influenciar", de manera que "aplique únicamente criterios jurídicos" en su decisión.

Porque tras la declaración indagatoria de esta tarde, en la que los abogados de los querellantes no pueden estar porque no les habilita la ley argentina -solo juez, fiscal y abogado defensor- la jueza dispondrá de un plazo de diez días hábiles para acordar o no el procesamiento del exministro, aunque puede pedir una prórroga.

La jueza tiene tres escenarios. Que dicte el archivo o sobreseimiento definitivo para el exministro, una decisión que es recurrible; que acuerde la falta de mérito, esto es le mantiene imputado pero no tiene prueba para procesarlo, por lo que se abre un nuevo plazo para aportar más prueba; o que le procese.

La denominada "querella argentina" atribuye a Martín Villa delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad por las cinco muertes en un desalojo policial en Vitoria el 3 de marzo de 1976. También le imputa seis muertes entre 1976 y 1977, y otra en Pamplona en el San Fermín de 1978. Todas ocurrieron en sus tiempos de ministro de Relaciones Sindicales e Interior.