El Gobierno se desentiende del manifiesto firmado por una treintena de exministros del PSOE, PP y de UCD, entre ellos los exvicepresidentes Alfonso Guerra y Rodolfo Martín Villa, en defensa de la figura de Juan Carlos I. La responsable de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha asegurado este miércoles que la trayectoria y el legado del rey emérito "no pueden ser obstáculo para que la Justicia actúe si hay actos que no casan con nuestra legislación".

En una entrevista en RNE, la ministra ha subrayado la "importancia" de seperar la figura histórica del monarca emérito de la acción de la justicia. Así, ha apuntando que Juan Carlos I merece "máximo respeto, como también merece máximo respeto la independencia de la Justicia para investigar cualquier hecho con respecto al anterior jefe de Estado, siempre respetando la presunción de inocencia e insistiendo en la libertad de la prensa".

Las palabras de González Laya llegan después de que el pasado martes, una treintena de antiguos ministros firmaran un manifiesto "en defensa del reinado de Juan Carlos I". En el escrito, exdirigentes del PSOE, PP y de UCD sostienen que si las acciones pasadas del rey emérito "pudieran ser merecedoras de reprobación, lo decidirán los tribunales de Justicia, pero nunca se podrá borrar la labor del rey Juan Carlos en beneficio de la democracia y de la nación so pena de una ingratitud social que nada bueno presagiaría del conjunto de la sociedad española".

"Cacería" contra la monarquía

Uno de los firmantes más reconocidos es el exvicepresidente socialista Alfonso Guerra que este miércoles ha tachado de "cacería" el juicio paralelo que está sufriendo Juan Carlos I a manos de "populistas y nacionalistas" que solo pretenden "atacar a la Constitución".

"El rey emérito no puede pasar a la historia en la página de sucesos por mucha importancia que tenga el suceso, tiene que pasar a la historia de otra manera, no se puede tirar al estercolero de la historia", ha sentenciado Guerra en una entrevista en la Cadena Ser. Aun así, ha reconocido que los actos que llevaron a Juan Carlos I a abandonar España son "reprobables" desde el punto de vista ético.