La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avisó este miércoles de que si el Congreso de los Diputados no convalida su acuerdo con la Federación Española de Municipios (FEMP), los ayuntamientos quedarán sometidos al corset de la regla de gasto, no podrán utilizar sus remanentes salvo para inversiones financieramente sostenibles. En consecuencia, si incurren en déficit este año (algo que prohíbe la Constitución, según ha recordado Montero), podrían ser intervenidos por la administración estatal, tal como establece la Ley de Estabilidad Financiera.
"Sería una pena que los ayuntamientos se queden sin la posibilidad de utilizar sus remanentes [ahorros procedentes de superávits de años pasados] y de relajar sus reglas fiscales. Si no se aprueba el acuerdo, los ayuntamientos seguirán sujetos a las reglas fiscales que en este momento encorsetan a los ayuntamientos", dijo la ministra tras visitar el ayuntamiento de Rota (Cádiz).
Montero reprochó al PP suscrito entre el Gobierno y la FEMP, la "crítica exacerbada" de algunos alcaldes populares y la "falta de alternativas" que permitan a los ayuntamientos un mayor gasto para atender las necesidades derivadas de la pandemia. Si el Congreso de los Diputados convalida el acuerdo —dijo— los ayuntamientos podrán beneficiarse de la relajación de las reglas fiscales y solo de forma voluntaria podrán optar por prestar sus remanentes al Estado durante un plazo de 10 años. "Solo hay ventajas y la parte de inconvenientes, es voluntaria", resolvió Montero.
Defensa del acuerdo
Después de varios días de intensa revuelta política y de un amplio sector municipal contra el acuerdo sellado entre el Gobierno y la FEMP que incluye una transferencia de hasta 5.000 millones para los ayuntamientos que presten sus ahorros al Estado por un plazo de 10 años, la ministra de Hacienda defendió la , a su juicio, bondad del convenio.
La ministra explicó que por imposición de la Constitución y de la Ley de Estabilidad Presupuestaria del Gobierno del PP, los ayuntamientos no pueden incurrir en déficit público ni pueden hacer uso de los remanentes acumulados en años en los que han logrado ahorrar (gastando menos de lo ingresado). Montero presentó su acuerdo con la FEMP como una puerta para poder abrir la mano al gasto municipal.
Si sale adelante el acuerdo, "los ayuntamientos no quedarán sujetos a la regla de gasto y podrán utilizar el remanente acumulado hasta el límite que les impida incurrir en déficit público", relató. "El convenio también pone en marcha un procedimiento para aliviar la carga financiera de ayuntamientos en quiebra o con dificultades, así como un mecanismo por un máximo de 400 millones para compensar la pérdida de ingresos en el transporte público", añadió. "Además, el acuerdo establece la posibilidad de que los ayuntamientos que tengan remanente puedan acceder a 5.000 millones a fondo perdido en dos años si los ponen [los remanentes] a disposición del Estado en forma de un préstamo a diez años". Esta última parte "es voluntaria", por lo que Montero dijo no entender la acusación del PP al Gobierno de "confiscación y de quedarse con el ahorro de los ayuntamientos".
