La dirección del PDeCAT ha certificado este viernes de manera pública y explícita la brecha que en estos momentos le separa de su hasta ahora líder simbólico, el expresidente catalán Carles Puigdemont, a menos de 24 horas de que Junts per Catalunya celebre su acto fundacional como partido.

La marca JxCat fue alumbrada para las elecciones del 21 de diciembre de 2017, en plena aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña: desde Bélgica, Puigdemont se puso al frente de la candidatura, pero exigió al PDeCAT -dueño de los derechos electorales- que le dejara las manos libres para confeccionar una lista con numerosos nombres independientes.

Desde entonces los perfiles independientes -próximos a Puigdemont pero en muchos casos ajenos a la tradición política que representa el PDeCAT- se han ido apoderando de la marca, hasta el punto de quedarse con las siglas para convertirlas ahora en partido.

Durante meses, el PDeCAT ha tratado de convencer a Puigdemont -que aún milita en este partido aunque no tiene cargo directivo- y al líder de la Crida Nacional per la República, Jordi Sànchez, para que no le obligasen a disolver su estructura y diluir su proyecto ideológico dentro de JxCat, cuya prioridad es la independencia.

Todas las conversaciones previas para intentar integrar el PDeCAT -la formación heredera de Convergència- dentro de JxCat han sido hasta ahora infructuosas y el escenario de una escisión dentro de este espacio político va cobrando cada vez más fuerza.

El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, ha dirigido este viernes una carta a la militancia en la que advierte de que aún no hay acuerdo para confluir con el partido que impulsa Puigdemont y prepara a las bases para una posible escisión.

"A día de hoy, pese a los esfuerzos ingentes por parte del PDeCAT, la voluntad como partido de transitar hacia Junts per Catalunya no ha sido posible ya que el nuevo instrumento que se constituye mañana ha hecho un llamamiento a sumar personas a título individual y en cambio no garantiza que el Partit Demòcrata y lo que representamos esté ahí", recalca en su carta a la militancia.

Bonvehí asegura que tanto él como la dirección del partido no dejan de "aportar propuestas para que esta transición sea posible", pero el acuerdo de momento no llega.

Si bien expresa todo su "respeto" hacia el nuevo partido, también pide respeto hacia el PDeCAT, cuyo consejo nacional se reunirá el 30 de julio para analizar el escenario de una posible ruptura.

Bonvehí reivindica el "legado político" de la antigua CDC, del que precisamente se quiere desmarcar la nueva formación de JxCat, que agrupa tanto a perfiles procedentes del mundo convergente como a otras caras vinculadas en el pasado a formaciones de izquierda.

Numerosas voces en el seno de la dirección del PDeCAT recelan de la estrategia de Puigdemont de difuminar el proyecto ideológico de JxCat para converger con sectores independentistas ajenos -en algún caso incluso enfrentados- a la tradición política de este espacio.

"Somos una formación política que representa la centralidad política y social del país, independentista, y que quiere dar voz a la mayoría de la sociedad catalana y hacerlo desde el buen gobierno, la buena gestión, el rigor, la seriedad, la meritocracia, la eficacia, huyendo de los populismos", subraya Bonvehí.

Por su parte, el portavoz del PDeCAT, Marc Solsona, ha subrayado en declaraciones a Catalunya Radio que los asociados que decidan militar en otro partido, en referencia a JxCat, deberían "de manera noble y honesta" darse de baja del Partit Demòcrata.

En cambio, el vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, uno de los fichajes de Puigdemont en 2017, ha avisado a la dirección del PDeCAT del riesgo en el que incurrirá si opta por desvincularse del nuevo partido: "Las aventuras personales no tienen recorrido", ha advertido en declaraciones a Efe.

Tras el acto fundacional de mañana sábado, JxCat elegirá su presidencia y dirección en una votación telemática entre los militantes del 7 al 9 de agosto, en el marco de un largo proceso congresual que durará hasta el 3 de octubre y que podría modularse si el president Quim Torra convocase comicios antes.