El que fuera letrado mayor del Parlament, Antonio Bayona, y el secretario general de la Cámara, Xavier Muro, han reconocido este miércoles en el juicio por presunta desobediencia contra cuatro exmiembros soberanistas de la Mesa del Parlament y la exdiputada de la CUP Mireia Boya que advirtieron de que las propuestas tendentes a convocar un referéndum o la desconexión de España contravenían a las resoluciones del Tribunal Constitucional y que si tiraban adelante podría haber consecuencias.

"Había requerimientos del Constitucional bastante claros", subrayó Bayona, que ha precisado que sus informes no son vinculantes, que su labor es meramente de asesoría y que "los letrados actuamos con independencia". Muro aclaró, por su parte, que no era habitual que la Mesa del Parlament votara en contra de su criterio.

La sentencia del Tribunal Constitucional dictada en diciembre de 2015 en el que declaraba inconstitucional la Resolución 1/XI del Parlament, sobre el inicio del proceso político en Catalunya como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015 alertaban de la inconstitucionalidad de la tramitación de posteriores resoluciones de similar objeto. A partir de esa fecha, la Mesa de la Cámara aceptó a trámite diferentes iniciativas de carácter soberanista, como la ley del referéndum o la ley de transitoriedad jurídica.

Bayona y Muro han explicado en la vista que se celebra en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ellos se ausentaron del pleno de la Cámara catalana del 27 de octubre del 2017 en el que se proclamó la declaración unilateral de independencia (DUI) "por la naturaleza de la sesión" y porque, en su opinión, se estaba conculcando las decisiones del Constitucional.

Verificar los requisitos formales

El exletrado mayor Bayona ha concretado que la Mesa del Parlament no entra en el fondo de las iniciativas parlamentarias que se presentan, sino que su labor es "verificar" los requisitos formales de estas propuestas. El presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, ha intervenido y ha preguntado: "¿La mesa ni puede impedir que el pleno altere el orden del día?". Bayona ha contestado: "El reglamento lo posibilita. Para que exista tema parlamentario o una iniciativa es necesario que la Mesa lo admita a trámite, sino es como si no existiera".

La Fiscalía solicita un año y ocho meses de inhabilitación y multa de 30.000 euros para los exmiembros de la Mesa Lluís Corominas (PDeCAT), Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet (PDeCAT) y Lluis Guinó (PDeCAT, el único que todavía es diputado), así como la exparlamentaria de la CUP, Mireia Boya.