La portavoz de Junts per Catatalunya en el Congreso, Laura Borràs, ha optado por no declarar ante el juez del Tribunal Supremo Eduardo de Porres hasta contar con una prueba pericial relativa a los contratos que se investiga si fragmentó para beneficiar a un amigo a los que se los adjudicó sin el correspondiente concurso público. La diputada independentista sostiene que esa diligencia es clave para determinar si los trabajos se hicieron y cuál sería su valor de mercado.

Borràs estuvo arropada por una cuarentena de personas que conforme indicaba un animador con equipo de megafonía gritaba consignas como 'No es justicia, es venganza' o 'Laura no estás sola'. Daba igual que no está imputada por ningún hecho relacionado con el 'procés', sino que se le imputan cuatro delitos por la presunta fragmentación de contratos para beneficiar a un amigo, el también imputado Isaías Herrero. Se trata de los delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

A este informático, en una de las conversaciones intervenidas, se le oye jactarse ante su socio de los "trapis" que facturaba con Borràs como directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) y augurar más si acababa siendo ministra de Cultura.

Bajo la lupa judicial hay 18 contratos por valor de 259.863 euros. Uno de los pilares de la defensa de Borràs pasa por acreditar que los trabajos se hicieron a través de una pericial en la que, además, se compruebe el valor que tendrían.