El presidente del Parlament, Roger Torrent, y el diputado de ERC Ernest Maragall , que dirigía el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en 2019, cuando presuntamente sus teléfonos móviles fueron espiados a través del programa "Pegasus" desarrollado por una compañía israelí.

Según ha anunciado ERC en un comunicado, la querella acusa a Sanz de intrusión no autorizada y espionaje informático, lo que se encuadra en los delitos contra la intimidad, sancionados con penas de cárcel y agravados en el caso de ser cometidos por funcionarios públicos.

Inicialmente, Torrent y Maragall dirigirán su querella contra Sanz, por ser el máximo responsable del CNI en la época en que supuestamente fueron víctimas del software espía, pero podrían ampliarla si de la investigación se desprenden indicios de que otras personas estuvieron implicadas en la operación.

La denuncia, redactada por el abogado Andreu Van Den Eynde, señala que el software utilizado para espiar a Torrent y Maragall está en manos de agencias de inteligencia gubernamentales y que, según las informaciones periodísticas que han destapado el caso, un extrabajador de NSO ha identificado a España como cliente de esa empresa desde 2015. Además, añade ERC en su comunicado, el periódico El País revela este jueves que los servicios secretos españoles disponen del programa espía "Pegasus".

La querella señala al exdirector del CNI como máximo responsable de los funcionarios del centro, por lo que le correspondía garantizar que sus actividades se ajustaran a la legalidad y que cualquier intervención del secreto de las comunicaciones contara con autorización judicial previa.

De hecho, recuerdan los querellantes, la actividad del CNI se somete a control parlamentario y también judicial en el caso de que sus investigaciones impliquen vulnerar la inviolabilidad domiciliaria o el secreto de las comunicaciones, sin que, de acuerdo con la ley que regula el centro, sus operaciones gocen de inmunidad o de irresponsabilidad penal o disciplinaria.

La querella, que se presentará en un juzgado ordinario, sostiene que entre abril y mayo de 2019 la empresa whatsApp detectó que se habían aprovechado vulnerabilidades de su programario para atacar a usuarios y que, a través de la organización canadiense Citizen Lab, ha concluido que el programa espía Pegasus se utilizó para atacar terminales móviles de 1.400 personas.

Según la denuncia, al menos un centenar de esas personas, entre ellas Torrent y Maragall, habrían sido espiadas de "forma abusiva y sin justificación", puesto que el software permite la monitorización "absoluta" del teléfono de la víctima.

El programa aprovechaba errores de seguridad desconocidos y contaba con propiedades de ocultación que dificultaban su rastreo, por lo que se desconoce qué información ha podido espiar y qué comunicaciones interceptar.

Tras recordar que WhatsApp ha presentado una demanda contra NSO Group en Estados Unidos por estos hechos, la querella subraya que Citizen Lab ha comprobado la "veracidad" del espionaje que sufrieron Torrent y Maragall, así como la existencia de "una acción premeditada de espionaje dirigida a determinados sectores de la población, mayoritariamente disidencia política, periodismo crítico, activismo, etc".