El decreto ley aprobado este viernes por el Govern para establecer las sanciones por incumplir las medidas sanitarias en Baleares ante el coronavirus contempla multas de entre 100 euros a 600.000 para las infracciones más graves, entre las que se encuentran la comercialización de fiestas en espacios públicos y domicilios privados en las que se produzcan aglomeraciones.

El decreto, además, incluye para los casos de infracciones muy graves la posibilidad del cierre del establecimiento o local y la prohibición de reabrir durante tres años. En el caso de las viviendas de alquiler vacacional en las que se produzcan infracciones graves se prohibirá su comercialización turística también por un plazo máximo de tres años.

La consellera de Administraciones Públicas y Modernización, Isabel Castro, junto a la portavoz del Govern, Pilar Costa, ha explicado el decreto que se prevé publicar este mismo viernes en el Boletín Oficial de Balears, momento en el que entrará en vigor.

Las sanciones se dividen en leves, graves y muy graves. En el caso de las leves, pueden llegar hasta los 3.000 euros de multa; en las graves, hasta 60.000, y en las muy graves, hasta 600.000 euros.

En lo que se refiere al uso obligatorio de la mascarilla en la vía pública en todo momento, cuyo incumplimiento se multará con 100 euros, Castro y Costa han explicado que si bien se preve empezar a aplicarlo el lunes habrá unos "días de advertencia" para informar a la población antes de empezar a sancionar.

El resto de las sanciones, como las relativas a fiestas privadas ilegales, "se empezarán a aplicar desde el minuto uno", según ha dejado claro Castro. "Seremos contundentes porque es un tema de salud pública", ha añadido.

Costa, por su parte, ha insistido en que las multas por no llevar mascarilla en la vía pública "no tienen finalidad recaudatoria, sino disuasoria" y que el objetivo es que " pueda haber la máxima adaptación tanto de los residentes como de los turistas ".

Castro ha precisado que la comisión de emergencias ha acordado crear una unidad de análisis con la policía y guardia civil para "investigar las fiestas que se publicitan" con el fin de pedir una orden judicial para poder entrar. Si ya no da tiempo, habrá operativos policiales para dificultar la llegada.