El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal SupremoEduardo de Porres, instructor de la causa abierta contra la diputada de Junts per Catalunya Laura Borrás, la ha citado a declarar como imputada el próximo 22 de julio, una vez que ha recibido la autorización del Congreso para continuar con la investigación contra la aforada.

De Porres es el juez encargado de investigar la causa remitida por los juzgados catalanes en la que se le imputan cuatro delitos de los incluidos en el abanico de la corrupción por la presunta fragmentación de contratos de la Institución de las Letras Catalanas (ILC) en la etapa en la que Borrás era su directora para poder adjudicárselos a un amigo suyo sin sacar concurso y, según uno de sus mails intervenidos, con la instrucción de que presentara varios presupuestos.

La citación de la diputada de JxCat se ha producido después de que el juez se viera obligado a tramitar el correspondiente suplicatorio al Congreso, que ella intentó frustrar apelando al independentismo y una supuesta campaña contra el independentismo catalán. Lo habitual en los diputados imputados es que acepten la oportunidad que da el instructor de declarar voluntariamente sin necesidad de realizar este trámite. Borràs rehusó comparecer voluntariamente el pasado 14 de febrero ante el alto tribunal para aclarar los indicios que hay en su contra.

"Trapis"

Borràs está imputada por los delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Al admitir a trámite la exposición razonada enviada por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, el Supremo afirmó que Borràs y el informático Isaías Herrero "mantenían una relación personal de amistad", por la que mientras ella estuvo al frente de la ILC se pusieron de acuerdo para el "fraccionamiento de contratos de prestación de servicios informáticos efectivamente prestados, reflejando importes y conceptos inventados, siempre en cuantías inferiores a 18.000 euros".

De esta manera evitaban "el procedimiento administrativo pertinente" con "trabajos que suponían la programación informática del portal de internet de la ILC" durante más de cuatro años para acudir a la adjudicación directa, "con la intención de favorecerlo personalmente, directamente o a través de las entidades tras las que se ocultaba". El total adjudicado a Herrero, al que también investiga el Supremo, ascendió a 259.863 euros.

Múltiples indicios

Pese a los esfuerzos de Borràs de presentarse como una víctima del Estado por ser independentista, hay muchos indicios en su contra, como correos electrónicos de ella misma en los que le explica a Herrero cómo debe presentar varios presupuestos para poder resultar adjudicatario, porque el dinero, según ella misma indicaba, estaba reservado para él.

En una conversación de noviembre de 2017 con su socio Marc Gómez se oye decir a Herrero: "Con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la cooperativa, y facturo unos trapis por allí". En la charla se permite hasta augurar un futuro aún más prometedor, si ella llega a ser ministra de Cultura.