El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha citado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y al delegado de Medio Ambiente, Borja Carabante, para comparecer sobre la decisión municipal de mantener los parques y grandes áreas verdes de la capital cerradas.
En el auto, adelantado por 'El Español' y al que ha tenido acceso la Agencia Efe, el juez ha citado a Almeida y a Carabante a comparecer en los juzgados de Plaza Castilla el próximo 23 de mayo para debatir una medida cautelar solicitada por el denunciante, el abogado José Luis Mazón, para la reabertura de manera inmediata de las áreas verdes de la capital al público.
Se señala en el auto que la denuncia debe ser admitida "sin que ello presuponga la existencia de hecho delictivo, haciendo una interpretación extensiva" del derecho a la tutela judicial efectiva.
Almeida y Carabante tendrán que acudir presencialmente al juzgado y en el auto se detalla que "deberán comparecer, provistos de mascarilla reglamentaria y homologada, y sin elementos o accesorios de carácter metálico, incluido los ornamentales", para evitar riesgos de infección del coronavirus.
El abogado José Luis Mazón interpuso el martes 5 de mayo una denuncia penal contra el regidor y el delegado de Medio Ambiente y Movilidad por presunto delito de prevaricación administrativa por el cierre de parques y jardines.
El letrado argumenta que hay delito de prevaricación porque el cierre es "incompatible" con la orden SND/380/2020 sobre las condiciones en las que se puede realizar actividad física no profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus.
El quinto punto del artículo 3 de la orden, añade la denuncia, establece que "para posibilitar que se mantenga la distancia de seguridad las entidades locales facilitarán el reparto del espacio público a favor de los que caminan y de los que van en bicicleta, en ese orden de prioridad".
En el artículo 4 se manifiesta asimismo que "se podrá circular por cualquier vía o espacio de uso público, incluyendo los espacios naturales y zonas verdes, siempre que se respeten los límites establecidos en esta orden".
Por tanto, para el letrado tanto Martínez-Almeida como Carabante son "los autores de la arbitrariedad de mantener por derecho de 'sátrapa' o por uso arbitrario del poder público una medida a todas luces no solo irracional, sino contraria a los fines del desconfinamiento parcial".
"No existe justificación al cierre de espacios verdes donde se puede manejar mucho mejor la distancia de seguridad", añade la denuncia.
