El malestar de las autonomías con el Gobierno por la desescalada del confinamiento no se disimuló este domingo, durante la novena conferencia de presidentes, celebrada a las puertas de que media España pase a un régimen más relajado en la lucha contra el coronavirus. Varias comunidades, como Andalucía y Valencia se sienten agraviadas al no haber pasado todo su territorio a la fase 1, mientras Madrid, gobernada por la conservadora Isabel Díaz Ayusoa raíz de la dimisión de su directora de Salud Pública, critica que deba continuar en la fase 0. La cita sirvió para que los mandatarios autonómicos trasladaran sus quejas al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien dio nuevas pistas sobre el fondo autonómico no reembolsable y esbozó una alternativa al estado de alarma.

"Si estuvierais en mi lugar querríais levantar cuanto antes el estado de alarma. Vamos a plantear a los grupos parlamentarios, cuando hayamos controlado la epidemia, una fórmula de gobernanza que llevará implícita la modificación de leyes. Un acuerdo de gobernanza donde estéis vosotros y nosotros", dijo el presidente del Gobierno, según fuentes presentes en la cita telemática. Sánchez citó la ley de Salud Pública, del 2011, y la ley de Sanidad, entre las normas cuya modificación estudia la Moncloa. Pero también advirtió: "Ahora el instrumento que tenemos es el que tenemos".

La Moncloa quiere mantener el estado de alarma al menos un mes y medio más, un objetivo que conlleva solicitar dos nuevas prórrogas de 15 días cada una, ya que la actual expira el próximo 24 de mayo. Esta extensión fue aprobada el pasado miércoles por el Congreso con algunas dificultades, gracias al apoyo de Cs y el PNV. El Gobierno no tiene asegurada la repetición de ese respaldo, pero argumenta que de momento no hay ninguna opción distinta, porque las otras fórmulas jurídicas tendrían muchos problemas a la hora de aplicar el confinamiento.

"El estado de alarma es el único instrumento constitucional cuando se trata de restringir derechos fundamentales como la movilidad de los ciudadanos. Tendrá que estar vigente mientras la movilidad esté restringida", dijo después, en rueda de prensa, la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero.

Los fondos, a partir de julio

Sánchez, que intenta no entrar en controversias con la oposición y el resto de administraciones (ese es un rol que desempeñan otros miembros del Gobierno y el PSOE), ofreció concreciones sobre el fondo autonómico de 16.000 millones de euros. Se dividirá en cuatro tramos. El primero, de hasta 6.000 millones, se pagará en julio con arreglo a criterios de gasto sanitario. El segundo, de hasta 4.000 millones, se repartirá según los gastos sanitarios de octubre y se pagará en noviembre. El tercero, de hasta mil millones y a pagar también en noviembre, de acuerdo al gasto social de cada comunidad. Y el cuarto, de hasta 5.000 millones, según la disminución de la actividad económica.

Sus anuncios no lograron aplacar el malestar de varias autonomías. El socialista valenciano Ximo Puig denunció que el Gobierno no había justificado por qué toda su comunidad no pasará el lunes a la fase 1. El andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla, del PP, denunció "diferencias de trato" respecto a otras autonomías y consideró "difícil de entender" que distritos sanitarios como la Costa del Sol vayan a quedarse en la fase 0, cuando otros territorios con "incidencias más elevadas" sí darán el salto.

Y Ayuso, por último, defendió que Madrid debía pasar a un estadio más relajado de confinamiento, una pretensión que el Gobierno rechazó el pasado viernes. La dirigente del PP solo ofreció argumentos económicos. "Madrid necesita dar ese paso adelante. Aquí radica el 60% de las empresas y somos un motor económico que es bueno para que los demás sigan funcionando -dijo-. No nos vamos a quedar eternamente en casa".