La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha asegurado este martes que indemnizar a la familia de José Couso, el cámara de televisión fallecido en Bagdad (Irak) en 2003, tal y como decidió la Audiencia Nacional, sentaría un precedente "inasumible" para el Estado.
Así lo ha manifestado la ministra en declaraciones a los periodistas, en los pasillos del Senado, al ser preguntada por el recurso que la Abogacía del Estado ha presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra la decisión de la Audiencia Nacional para que el Estado indemnice con 182.000 a la familia del cámara.
González Laya, que en cualquier caso ha dicho que se respetará la resolución final que adopte la Justicia, ha explicado que la semana pasada se reunió con la familia para expresarles su pesar y el del Gobierno y "pedirles disculpas por la manera en la que este país se ha comportado con ellos en el pasado".
Pero también para trasladarles la "dificultad" que tiene el Estado en asumir la sentencia que se ha dictado de responsabilidad civil en el caso Couso, "porque transforma el derecho de protección consular en casi una obligación del Estado de atender cualquier petición de cualquier español en el extranjero".
Y eso, ha apostillado, es "inasumible" para el Estado, pero no lo es en concreto en el caso Couso, sino "en abstracto y en general".
Eso es lo que ella quiso transmitirles personalmente, que la decisión de la Audiencia abría "una vía de agua tan grande al Estado que es de difícil asunción".
La titular de Exteriores ha recalcado que el Ejecutivo aceptará lo que diga la Justicia y ha recordado que el Gobierno indemnizó a la familia Couso junto con otras víctimas en el pasado.
La Abogacía recurre la indemnización
La Abogacía del Estado ha presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo un recurso de casación contra la decisión de la Audiencia Nacional para que el Estado indemnice con 182.000 a la familia del cámara de televisión José Couso, fallecido en Bagdad (Irak) en 2003.
Así lo han indicado fuentes jurídicas, que han señalado que la Abogacía ha decidido recurrir la decisión que reconoció el derecho de la familia del cámara a recibir una indemnización por parte del Estado de 182.000 euros por la omisión de protección diplomática en relación con su fallecimiento durante la toma de Bagdad.
Según la Audiencia, la esposa de Couso, que falleció por los disparos de un tanque estadounidense cuando se encontraba en un hotel de Irak, deberá ser indemnizada con 100.000 euros y sus dos hijos, menores de edad cuando falleció su padre, con 41.000 euros.
El tribunal consideraba que el Estado español debe abonar estas cantidades a los familiares del cámara por no haber desplegado su actividad diplomática en favor de los perjudicados a raíz de la muerte de Couso durante el ejercicio de su profesión, sujeta también a protección diplomática.
Precisamente, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sido preguntada por ese recurso en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y ha insistido en que "evidentemente este Gobierno y las formaciones políticas que lo conforman siempre han mostrado su solidaridad y apoyo a la familia de Couso, muerto en zona de conflicto".
Montero ha reconocido que desconocía los detalles del recurso de la Abogacía, pero se ha mostrado convencida de que "tendrá que ver con cuestiones técnicas y no políticas ni de solidaridad ni complicidad con la familia".
La Abogacía "habrá apreciado detalles técnicos, pero no tenemos el escrito", ha concluido.
