El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado tras recibir el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y tras su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso.
La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el nombramiento de Delgado, de quien ha destacado su amplia carrera profesional "colmada de méritos".
Delgado asume la dirección de la Fiscalía tras un proceso de designación en el que su elección ha sido cuestionada y criticada por buena parte de los jueces y fiscales y por partidos políticos de la oposición como el PP, Vox o Ciudadanos.
En el caso de sus compañeros y de los jueces, las críticas se centran en su pasado reciente como ministra de Justicia y diputada socialista, dado que entienden que su designación es un mensaje negativo sobre la independencia y autonomía de la Fiscalía respecto al Ejecutivo.
También se dividió el Consejo General del Poder Judicial al avalar su idoneidad con doce votos a favor y siete en contra, al entender que su pasado genera una "apariencia de vinculación" con el Ejecutivo que impide garantizar la imagen de imparcialidad.
Pero la nueva fiscal general no lo entiende así. A su juicio, su pasado es una "fortaleza" y no una "debilidad", según declaró ante en la Comisión de Justicia, donde los parlamentarios de los citados partidos dejaron claro su rechazo tajante a su nombramiento.
De hecho, la portavoz parlamentaria del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha recordado que su partido va a recurrir al Supremo el nombramiento por "no cumplir los criterios de idoneidad, neutralidad e imparcialidad requeridos para el cargo".
Con 30 años de trayectoria en la Fiscalía, buena parte de ellos en la Audiencia Nacional, Delgado prometió que, como determina el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, se ajustará "siempre al principio de legalidad, de imparcialidad y de transparencia.
Su pasado hará que la fiscal general tenga que estudiar "caso a caso" si debe o no abstenerse en la toma de decisiones sobre asuntos como el "procés" o el caso del excomisario José Villarejo. En cualquier caso, como ella misma planteó en el Congreso son "contadísimos" los asuntos en los que la fiscal general debe intervenir.
Y también es un obstáculo para sacar adelante la reforma del proceso penal que, como Gobiernos anteriores, del PP y del PSOE, intentará promover el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para que la instrucción de las causas recaiga en los fiscales y no en los jueces.
