El vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias, ha asegurado este lunes que "es un consenso" que las devoluciones en caliente no respetan los derechos humanos y que no se va a adoptar ninguna medida que los vulnere ni tampoco que sea contraria al pacto de Gobierno.

Iglesias se ha pronunciado así al ser preguntado en una entrevista en TVE sobre estas expulsiones que han sido avaladas recientemente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), y en la que ha subrayado que el Gobierno de coalición "tiene una política con las migraciones que será respetuosa con los derechos humanos".

"Y es un consenso que las devoluciones en caliente no son respetuosas con los derechos humanos", ha rematado el vicepresidente, quien ha añadido que "esto, dicho así", también se lo ha escuchado al propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"Este Gobierno va a asumir una política de estado que va a ser respetuosa con los derechos humanos en el marco del acuerdo entre dos formaciones", ha abundado Iglesias para rematar: "Cualquier acción en contra de los derechos humanos y del acuerdo de Gobierno no se puede producir".

Garzón aboga por "resolver las discrepancias"

Sobre este asunto también se ha pronunciado el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que ha abogado en la Cadena Ser por "resolver las discrepancias" que existen entre Unidas Podemos y el PSOE en cuanto a la política migratoria porque ambos tienen como "vector común" la defensa de los derechos humanos.

Así, ha señalado que algunas medidas desplegadas por Interior no están "en concordancia de lo que era el acuerdo de gobierno" de coalición, que "se ha revaluado" y los socios están "viendo cómo resolverlo".

"No estamos de acuerdo con este tipo de política y estamos viendo cómo ser capaces de responder a este problema sin tener que recurrir a eso porque va en contra de nuestra propia posición", ha resaltado Garzón al ser preguntado en concreto por una de las medidas migratorias de Marlaska, la de elevar la altura de las vallas de Ceuta y Melilla un 30%.

Se trata de "un conflicto" que los socios del Ejecutivo deben resolver, aunque piensa que salvaguardar los derechos humanos es lo principal y es lo que tienen en común el PSOE y Unidas Podemos. Pero aunque considera que lo que hay que hacer es "sentarse, dialogar y resolverlo", está convencido de que, al contrario de lo que ha ocurrido en otros países en los que se han roto las coaliciones, "aquí se está reforzando y se está sabiendo llevar con mucha maestría".

En todo caso, el ministro de Consumo ha pedido "normalizar esas diferencias" y "saber gestionarlas": "Es normal, el Partido Socialista tiene su programa electoral y nosotros el nuestro, y hay cosas que son distintas tanto de la política planificada como de los elementos que van viniendo en coyuntura", ha zanjado.