El Ministerio de Igualdad centrará su actuación en el impulso de tres leyes: la ley contra las violencias sexuales, que llegará la semana que viene al Consejo de Ministros, la ley integral contra la trata con fines de explotación sexual y la ley LGTBI, que impulsará antes del verano.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha avanzado este lunes las principales líneas de actuación de su departamento en su primera comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Congreso.

Allí ha avanzado que la Ley integral por la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales, un anteproyecto que aprobará el Consejo de Ministros el martes 4, incluirá la puesta en marcha progresiva de "centros de crisis" para atender a las mujeres agredidas durante las 24 horas del día.

Montero espera que esta ley, que incluirá la reforma del Código Penal relativa a los delitos sexuales para que la tipificación de la violación dependa del consentimiento, sea un referente mundial como lo fue la ley integral contra la violencia de género.

La norma contra las violencias sexuales promoverá la puesta en marcha de una red de servicios de asistencia integral de las víctimas de violencia sexual, unos centros que recomendó crear el Consejo de Europa.

Montero ha asegurado que España contará por primera vez con un marco normativo para prevenir, detectar, sancionar y erradicar todas las violencias sexuales, incluidas las que se producen mediante las nuevas tecnologías.

Explotación

Tras este proyecto de ley, Igualdad abordará una ley integral contra la trata con fines de explotación sexual, para proteger a las víctimas "y plantarles cara a los criminales que la sustentan".

Aunque ha dicho que tanto a ella como a su Ministerio les gustaría abolir la prostitución, ha precisado que no pretenden "resolver un debate histórico y legítimo en el movimiento feminista" y que en ningún caso permitirán que este debate divida a las feministas, con las que pretenden tejer una "poderosa e inquebrantable alianza".

Otro de los avances legislativos que pretende promover es la ley LGTBI que acabe con el estigma, la discriminación y las violencias que ha sufrido y sufre este colectivo. Montero estima que estará lista antes del verano. A esta norma Igualdad pretende sumar una ley trans y otra para la igualdad de trato y la no discriminación.

Montero también ha precisado que el Ejecutivo ratificará el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo digno de las empleadas del hogar, que implica la equiparación de las cotizaciones y los derechos de este colectivo con el resto del trabajadores del régimen general.

En cuanto al aborto, la titular de Igualdad ha adelantado que es una "prioridad" volver al marco normativo de 2010 para permitir que las adolescentes de 16 y 17 años puedan interrumpir el embarazo, para promover que la sanidad pública asuma un rol más importante en esta materia y para proteger tanto a las mujeres que se someten a un aborto como a los profesionales que lo practican.

La ministra de Igualdad, que ha lamentado la "reacción machista, xenófoba y retrógrada" de la extrema derecha al feminismo, ha solicitado a todos los grupos parlamentarios que se vuelva al consenso del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para luchar contra todas las discriminaciones.

Un deseo que pronto Vox ha descartado: "No vamos a poder llegar a consensos en esta Comisión, evidentemente Vox no va a estar en el consenso progre", ha dicho la diputada Lourdes Méndez.

Méndez ha acusado a Montero de tratar de imponer "una ideología del marxismo cultural basada en la lucha de sexos", de victimizar a todas las mujeres, de "entrometerse en la intimidad de los lechos" y de promover una "legislación injusta para culpabilizar a todos los hombres". "Mi razón no está corrupta como la suya", le ha espetado.

La ministra, que ha defendido la coeducación y la educación sexual y afectiva como esencial en la lucha contra las violencias estructurales que padecen las mujeres, ha respondido a la diputada de Vox que la ONU debe promover también el marxismo cultural pues dice que hay mujeres cuya vida está en peligro por el hecho de serlo.

Además, ha asegurado que el Gobierno trabajará por la seguridad de todas las mujeres y por que todas las personas puedan amar y formar el tipo de familia que quieran y por frenar, a nivel internacional, el avance de los fundamentalismos y la ultraderecha que pretenden hacer retroceder la conquista de derechos.

La derecha (VOX, PP y Cs) han mantenido un debate bronco con la ministra por los casos de presunta explotación sexual de menores tutelados en Baleares, por la manifestación de Montero relativa al cuestionamiento de las víctimas de violencias sexuales por su indumentaria e incluso por que pueda llevar a su hija pequeña al trabajo.