El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha fijado para el próximo mes de abril el juicio contra los miembros de JxCat en la Mesa del Parlament en la etapa de Carme Forcadell, acusados de desobediencia por permitir la tramitación de las leyes del "procés".
En una providencia, el alto tribunal catalán ha señalado el juicio a la Mesa para los días 23, 24 y 28 de abril próximos, después de que se viera obligado a suspender la vista -inicialmente prevista para noviembre pasado-, a raíz de elección de Joan Josep Nuet como diputado de ERC en el Congreso.
El pasado mes de diciembre, el TSJC propuso que fuera el Tribunal Supremo quien juzgara a Nuet -que era miembro de la Mesa del Parlament por CSQP cuando se tramitaron las leyes del procés-, dada su condición de aforado, separadamente del resto de acusados.
El Supremo no ha decidido aún si acepta la propuesta del alto tribunal catalán, pero precisamente hoy la Fiscalía del TS ya se ha mostrado partidaria de que sea la sala penal de este tribunal la que juzgue a Nuet.
De esta forma, el 23 de abril próximo el TSJC iniciará el juicio contra los exmiembros de la Mesa Anna Simó, Lluís Corominas, Ramona Barrufet y Lluís Guinó, de JxSí, así como a la exdiputada de la CUP Mireia Boya, acusados de desobediencia por permitir que la cámara aprobara las llamadas "leyes de desconexión".
Los cinco políticos acusados de desobediencia serán juzgados por una sala integrada por el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, -que, de acuerdo con la ley, preside todos los juicios de la sala civil y penal-, así como el civilista Jordi Seguí y Carlos Ramos, uno de los jueces designados a propuesta del Parlament y que será ponente de la sentencia.
La causa contra los miembros de la Mesa -iniciada a raíz de varias querellas de la Fiscalía- se juzgará en el TSJC, después de que el Tribunal Supremo decidiera desgajarla del proceso contra Forcadell y el resto de líderes independentistas y remitirla al alto tribunal catalán para su enjuiciamiento.
Los exvicepresidentes de la Mesa Lluís Maria Corominas y Lluís Guinó, la ex secretaria primera Anna Isabel Simó, y la ex secretaria cuarta Ramona Barrufet, de JxSí, están acusados de permitir que la cámara catalana debatiera resoluciones a favor de un referéndum, pese a que el Constitucional les había advertido de su obligación de impedir cualquier iniciativa que supusiera eludir sus mandatos.
Tras la declaración de independencia del 27S, los miembros soberanistas de la Mesa declararon como investigados ante el Supremo por los delitos de rebelión, sedición y malversación, por permitir la tramitación de la ley de referéndum que preveía el 1-O y de la ley de transitoriedad nacional, aprobadas por el Parlament los días 6 y 7 de septiembre de 2017 y después suspendidas por el Constitucional.
La exdiputada de la CUP Mireia Boya, por su parte, fue imputada por el Supremo en el caso del "procés" por ser quien presentó, como presidenta de su grupo parlamentario, la proposición de la ley de transitoriedad, que creaba un marco legal alternativo al español para el caso de que el "sí" a la independencia ganara en el 1-O.
La Fiscalía pide para cada uno de los seis acusados penas de hasta un año y ocho meses de inhabilitación, así como una multa de 10 meses con una cuota diaria de 100 euros por un delito continuado de desobediencia grave.
Por su parte, la acusación particular ejercida por la Abogacía del Estado pide multas de 30.000 euros e inhabilitación especial de un año y ocho meses para Corominas, Guinó, Simó y Barrufet.
Asimismo, la acusación popular de VOX pide 12 años de cárcel, 108.000 euros de multa e inhabilitación para los cinco acusados, a los que considera autores de un delito de organización criminal y de otro continuado de desobediencia.
