Son víctimas de una estafa pero están a punto de perder su vivienda, su techo, en el barrio de San Marcelino de València. Y no están solos. Sus vidas giran en torno a un bebé de 7 meses y dos niños de 7 y 3 años. Sus padres han sido víctimas de una estafa y firmaron un contrato de alquiler con un hombre que no era el dueño del piso. Les engañó, pero ese es otro proceso judicial y ahí arranca el drama de esta familia.

El supuesto dueño tenía llaves del domicilio, ubicado en el barrio de San Marcelino, enseñaba la casa y les preguntó si podía poner carteles en el negocio que tienen (un locutorio) para anunciar que buscaba inquilino. Issam y Amina pensaron que estaban de suerte. La vivienda está justo enfrente del locutorio donde trabaja Issam y del colegio al que acuden los críos. De hecho, el estafador «vendía» la casa por 15.000 euros, pero la pareja no tenía ese dinero. Por eso, firmaron un contrato de alquiler. Fue el 1 de marzo de 2019.

Sin embargo, a los pocos meses de mudarse -tras pintar la vivienda y conseguir que el piso vacío se tornara habitable (la familia realizó obras de mejora, incluido el baño)- una vecina les puso en alerta al explicarles que ese piso solo tenía un dueño y era un banco. La pareja se personó en la oficina de la entidad bancaria para ver si, efectivamente, el inmueble constaba registrado como suyo. Así era. En cuanto la pareja comprobó el engaño interpuso una denuncia. El estafador está en busca y captura y cuando lo encuentren, si aparece, se abrirá un proceso penal. En paralelo, sin embargo, lo que sí ha avanzado es el desahucio porque la casa es propiedad del banco, que reclamó su «posesión» tras saber que una familia habitaba en él. «Hemos actuado de buena fe en todo momento. Fuimos nosotros quienes advertimos al banco», explica Issam.

Sin embargo, durante el proceso judicial en marcha por el desahucio no se aborda que la familia fue estafada. Eso es otro asunto que va «por otra vía. «Nos dicen que eso es otro proceso y nosotros tenemos pruebas, grabaciones, papeles, facturas y testigos que corroboran nuestra historia. La clave es que nos han engañado porque nosotros lo tenemos todo legal y ahora ¿qué vivienda encontramos que podamos pagar? Lo que teníamos ahorrado lo invertimos en mejorar este piso», explican. La familia, con pocos recursos, ni ha pedido ayudas ni vivienda social.

Documentación que no cuenta

Mientras explican su caso van colocando los papeles encima de la mesa: el contrato de alquiler, las facturas de los suministros eléctricos básicos (a su nombre), el empadronamiento de los cinco miembros de la familia en el piso (el estafador también consta en el padrón, por lo que suponen que era un inquilino anterior y por eso tenía llave), el seguro de la vivienda que contrataron cuando entraron a vivir, los recibos de los pagos del alquiler... Y la sentencia que data del 20 de noviembre de 2019 y les considera «ocupantes» del piso por lo que indica que deben abandonar el que creían su hogar al «no tener derecho a permanecer en la vivienda». El proceso de desahucio se puso en marcha en ese momento, y un mes después llegó la notificación con la fecha prevista para el lanzamiento: 30 de enero, a las 10:45 horas. Y ahora, quien tiene el problema no es el estafador, sino ellos.

«Fuimos nosotros los que alertamos de lo que nos pasaba y ahora nos vemos en la calle con tres niños muy pequeños. Somos trabajadores, somos humildes y honrados. No tienen en cuenta la estafa, el engaño y al final somos víctimas pero nos tratan como si fuéramos nosotros los delincuentes. ¿Okupas? De eso nada. Nosotros firmamos un contrato, hemos pagado todos los meses y hasta contratamos un seguro de la casa. ¿Qué se supone que teníamos que haber hecho? ¿Cómo comprobamos nosotros de quien es el piso? El hombre tenía llave. Yo creo que el fallo el reside ahí porque entiendo que, una vez el banco se queda con la casa se debería haber cambiado. Pero nosotros no podíamos saber eso... De hecho, el estafador no es la persona que figura como el anterior propietario del piso, antes de que se lo quedara el banco», explica Issam.

Su mujer, a su lado, muestra el escrito de alegaciones presentado al Juzgado. «La sentencia recoge que los recibos aportados como pago del alquiler no coinciden con los meses naturales, pero hay que tener en cuenta que en los recibos sí consta el concepto de 'pago del alquiler' y si la cifra no coincide es porque le adelanté el dinero porque así me lo pidió el que yo creía mi casero. El contrato de alquiler tampoco sirve porque el juez dice que es ilegal, pero fui yo quien acudí al banco para buscar una solución. Tengo el DNI del estafador, tengo pruebas de todo lo que decimos, pero nada de eso sirve. ¿De qué nos vale que nos den la razón y nos reconozcan como víctimas de una estafa dentro de equis años? El problema lo tenemos ahora porque tenemos tres hijos y en unos días nos vemos con ellos en la calle», explican. Y se les corta la voz.