Sin perder la compostura en ningún momento, aunque dando muestras del cansancio que suponen ya dos días de interrogatorio, durante los que el fiscal Miguel Ángel Carballo se está mostrando extremadamente exhaustivo, el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero no dejó sin contestar pregunta alguna, ni siquiera las especialmente delicadas. Y hasta dejó ver su lado más humano al explicar el correo que envió a los Mossos en el que expresaba su temor a que desapareciera el cuerpo. "Fui imputado por sedición por hacer mi trabajo lo mejor que pude. Me sentía injustamente tratado. Lo digo desde la tristeza no, lo siguiente".

A continuación añadió: "Me provoca una tristeza enorme que un mando de policía tenga que escuchar las cosas que dicen que he hecho y no he hecho. Lo triste es que mis compañeros que han estado ahí piensan lo mismo. Me sentía injustamente tratado, yo y el cuerpo". Carballo le repreguntó si no se confundía él mismo con los Mossos y admitió la posibilidad, aunque insistió en sus compañeros compartían esa sensación.

Tampoco quiso dejar opción a la duda al responder directamente al fiscal con un "claramente" la intención de los Mossos fue siempre "evitar el referéndum, aunque no se pudiera, y precisó que hablaba en su nombre y por los mandos, aunque, como en cualquier colectivo, "haya algunas personas que no estuvieran a la altura". Su llamamiento a los Mossos tras el 20-S a ser extremadamente cuidadosos con el uso de la fuerza en sus actuaciones lo justificó con la delicada situación que se vivía en Cataluña en el otoño de 2017, en la que cualquier cerilla "podía encender una hoguera importante" en Cataluña y no quería que los mandos policiales descargaran su responsabilidad en los agentes.

No poder no es no querer

Más adelante, ya centrados en el referéndum ilegal, insistió: "Que no se pueda no quiere decir que no se quiera". Y volvió la duda sobre la separación entre Trapero y el cuerpo, pero en esta ocasión fue Carballo quien matizó. El mayor señalaba que como se demostró el 1-O con los Mossos disponibles, "ni todos los cuerpos" pudieron evitar la votación, y el fiscal se vio obligado a precisar que él no imputaba ningún delito a todos los Mossos, sino que quería destacar la difícil situación en la que sus mandos colocaron a los agentes al establecer un dispositivo de binomios insuficiente.

Fue una de las pocas veces que la presidenta del tribunal, Concepción Espejel, intervino. Les pidió a ambos que concretaran preguntas y respuestas. No impidió que Carballo continuara preguntando acta por acta con la intención de acreditar que solo pretendían aparentar que cumplían el requerimiento judicial. "No tenemos esa mirada perversa. Hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos", respondió Trapero, que algo después aseguró ignorar el contenido de una referida a la votación de Carles Puigdemont para añadir que dudaba que un agente reflejara en una de ellas un delito aunque se lo pidieran los Mossos.

El colofón a esa desconfianza fue el del interrogatorio: el fiscal le preguntó por qué no había hablado del plan para detener al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont hasta que no declaró en el Supremo. Trapero, auxiliado providencialmente por una intervención de su abogada, Olga Tubau, en la que reiteró que en la Audiencia Nacional ya había dicho que se puso a disposición del fiscal superior y del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, acabó diciendo que "como mucha gente, entendía que esa situación no se produciría", en relación a al declaración unilateral de independencia.

No leía todo

El acusado dejó las bases claras desde el primer minuto: "Partir de la premisa de que todos los informes que me enviaban me los leía, es mucho suponer. Uno no tiene capacidad de leer absolutamente todo lo que recibe en el correo", aseguró.

Eso, que entra dentro de la lógica de un cargo de máxima responsabilidad, le restaba responsabilidad sobre lo afirmado en diversos correos e informes recibidos. Ello, en cualquier caso, no le impidió dar respuesta a los más delicados, como explicar por qué entendió necesario precisar, tras el 20-S, la necesariedad de extremar el cuidado con el uso de la fuerza para que intendentes y otros mandos lo tuvieran claro y no delegaran responsabilidad en sus inferiores.

También aseguró que el Govern no le informó de sus planes en ningún momento y que se "quedó a cuadros" cuando fue informado de que la reunión que le propuso el entonces secretario de Interior, César Puig, con Hacienda era para plantear un escenario futuro de gestión de aduanas en una Cataluña independiente.

Trapero aseguró que Puig, que también se enfrenta a 11 años de prisión por rebelión, se disculpó con él porque también ignoraba el motivo de la reunión. En cualquier caso, "no teníamos información previa ni dimos información alguna", añadió, después de precisar que hasta entonces Hacienda había querido datos hoteleros con fines fiscales y sobre causas judiciales, pretensión que la policía de la Generalitat siempre rechazó.

Extravagante

No utilizó el mismo tono con otro de los acusados, el que era su director general, Pere Soler: "No le hacía ni caso, eran cosas tan extravagantes", respondió en relación con un correo en el que daba a entender que las órdenes políticas prevalecerían sobre las judiciales. "El problema es que nosotros no lo tuviésemos claro, ni me lo leí". "Tanto el señor Soler como (el 'conseller' Joaquim) Forn nos decían que la policía cumpliría siempre la ley. Si nos engañaron, no lo sé", añadió.

En un tono muy didáctico, ya había explicado que Forn diera instrucciones sobre seguridad, porque es su responsabilidad, pero no puede interferir en modo alguno en el cumplimiento de órdenes judiciales o fiscales. Ahí atribuyó la recomendación que hizo sobre el operativo ágora, por el que se dio protección a responsables políticos catalanes, independientemente, según explicó ayer, de que estuviera imputados en procedimientos judiciales. Añadió que la recomendación de Forn no se cumplió.

Trapero se mostró dubitativo ante las primeras referencias que pudo tener de los Comités de Defensa de la República (CDR), que situó después del 1 de octubre. Previamente había negado que el riesgo de desórdenes públicos que temía el cuerpo durante el referéndum ilegal incluyera la posibilidad de que se utilizaran artefactos por parte de grupos anarquistas, aunque el temor procedía de estos colectivos.