Más 15.000 personas, según la Policía Local, se han sumado esta tarde a la manifestación convocada por la FAPA Gabriel Miró en el municipio alicantino de Orihuela bajo el lema 'Por el derecho a elegir lengua vehicular' en las aulas, y han reclamado la derogación de la Ley de Plurilingüismo de la Generalitat Valenciana.
La protesta, impulsada por las asociaciones de madres y padres junto al Foro Por el Derecho a Elegir Lengua Vehicular, participado por Concapa, la propia Fapa Gabriel Miró y la asociación Idiomas y Educación, ha partido a las 16.30 horas del recinto de Los Huertos y ha finalizado sobre las 19 horas en el Ayuntamiento sin incidentes y en un ambiente festivo.
Los convocantes de la protesta han defendido el derecho de sus hijos a "estudiar en la lengua elegida, en especial el castellano, ya que es la lengua materna de unos alumnos que ahora son discriminados y relegados" por la Ley 4/2018 de plurilingüismo en la Comunidad Valenciana", implantada desde hace dos cursos en Infantil y Primaria y que, en 2021, se ampliará a todos los niveles de enseñanza.
A la protesta se han adherido numerosas personas procedentes de diversos puntos de la comarca de La Vega Baja y de otras zonas de la Comunitat Valenciana donde predomina el uso de la lengua castellana, según han informado los organizadores de la marcha.
Los manifestantes han reclamado que se aplique el derecho del Artículo 27 de la Constitución Española, en el que se reconoce la libertad de enseñanza, reconocido también por la Organización de las Naciones Unidas y presente en la declaración Universal de los Derechos Humanos, que afirma que los padres tendrán derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Asimismo, han denunciado que "no hay país de nuestro entorno en el que los niños no puedan recibir la educación en su lengua materna, si se trata de la lengua común y oficial del Estado", y han advertido de que esta "discriminación" además genera "fracaso escolar".
Para los convocantes de la manifestación la ley, por tanto, supone una práctica "improcedente e inaudita" y defienden que "el castellano se encuentra entre una de las tres lenguas más importantes del planeta".
Durante la marcha han reclamado además, mediante lemas en pancartas, que "el programa lingüístico se elabore de acuerdo al contexto lingüístico del centro" y sea resultado de "un proceso participativo de decisiones de las familias".
Para ello, exigen la derogación de la ley y la apertura de un proceso de diálogo para elaborar "una nueva ley de máximo consenso social", que tenga en consideración el derecho a la exención regulado en la Ley 4/1983 de uso del valenciano.
Apoyo de PP, Vox y Cs
A la manifestación se han sumado representantes de distintas formaciones políticas, entre ellas el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, y organizaciones cívicas.
La presidenta del Partido Popular en la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha señalado que, tras la "masiva respuesta ciudadana contra la imposición lingüística", espera que el president de la Generalitat, Ximo Puig, le llame para pactar una nueva ley.
Bonig ha asegurado que su formación no quiere una "confrontación", por lo que ha tendido la mano a Puig para acordar una nueva ley que "respete la libertad" de elección de los padres.
"Estamos dispuestos a ayudarle para establecer un plan de fomento del valenciano voluntario en las zonas castellano hablante porque no renunciamos a hablar valenciano y tampoco renunciamos a hablar castellano", ha añadido la líder popular.
A la protesta ha acudido también el diputado autonómico de Ciudadanos (Cs) en Les Corts Valencianes, Toni Cantó, quien ha anunciado que su formación llevará al Parlamento Europeo en Bruselas la Ley de Plurilingüismo por "vulnerar el derecho fundamental a la libertad".
