La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha asegurado este jueves que la sentencia que ha emitido el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) -por la que considera que Oriol Junqueras tenía inmunidad al ser elegido eurodiputado- es "herencia" del Gobierno anterior de Mariano Rajoyy ha apostado por devolver el problema "político" al terreno de la política.
"Ha llegado el momento en que la política esté solo en la política", ha exclamado Carmen Calvo, quien también ha expresado la disposición del Ejecutivo para "ayudar" al Tribunal Supremodel TJUE sobre la inmunidad del líder de ERC, Oriol Junqueras.
En declaraciones a los medios de comunicación antes de asistir a un acto sobre violencia de género, Calvo ha afirmado que la Abogacía del Estado está "estudiando detenidamente" el fallo para saber qué posición ha de adoptar para poder "ayudar de la mejor manera" al Supremo a cumplir el fallo del TUE.
Precisamente el Supremo ha pedido a todas las partes personadas en el juicio del 'procés', la Abogacía del Estado entre ellas, a que fijen posición respecto de cómo el fallo del TUE debe aplicarse por el Tribunal Supremo tanto en lo que se refiere a la situación de Junqueras como en el caso del expresident fugado Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín.
La respuesta de la vicepresidenta se produce casi cinco horas después de conocerse la sentencia y unos minutos más tarde de que ERC anunciara que suspende las negociaciones con el PSOE en torno a la investidura hasta que la Abogacía del Estado se pronuncie respecto de la inmunidad de Junqueras.
Comunicado del Gobierno
Posteriormente, a través de un comunicado, el Gobierno ha expresado este jueves su respeto a la sentencia y asegura que ya está estudiando "con el debido detenimiento" la Abogacía del Estado.
La sentencia "es una cuestión jurisdiccional adoptada en el ámbito de la independencia de los tribunales", según el comunicado difundido por Moncloa, que precisa que el Ejecutivo ha ratificado la necesidad de abrir una nueva etapa de "diálogo, negociación y acuerdo" entre todos los actores políticos.
El Gobierno "respeta y acata" las resoluciones de los tribunales españoles, así como de los supranacionales, según la nota, que añade que el Tribunal Supremo es el órgano que debe decidir ahora cómo da cumplimiento a la resolución del tribunal europeo.
En el ámbito político, el Gobierno se ratifica en la necesidad de abrir una nueva etapa de diálogo con todos los actores políticos "desde el respeto a las legítimas diferencias" y "en el marco de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho".
