La Guardia Civil ha detenido este martes a primera hora a cuatro personas en el marco de una operación dirigida por el juez de Barcelona Joaquín Aguirre por la presunta malversación de fondos y fraude en las subvenciones en la Secretaria General de l'Esport y su órgano dependiente, el Consell Català del Esport, según ha podido saber El Periódico. Entre los detenidos están Gerard Figueras, director general de Esports de la Generalitat, así como Maite Fandos, exconcejala del PDECat en el Ayuntamiento de Barcelona y miembro de Gobierno de la Junta de la Diputación.
Agentes de la Policía Judicial de Zona de la Guardia Civil de Cataluña están realizando entradas y registros en instalaciones públicas y domicilios particulares, en el seno de la operación Voloh, en busca de pruebas presuntas de irregularidades en partidas presupuestarias y subvenciones y contrataciones arbitrarias, como alguna destinada a publicidad en revistas de entidades soberanistas. Una de las instancias que están siendo registradas es la Secretaria General de l'Esport.
Entre las entidades beneficiarias de esas subvenciones se encontraría las fundaciones Catmon e Igman, de la órbita de al extinta CDC, a las que el juzgado de Aguirre ya orden registrar en mayo del 2018.
Las pesquisas también se extienden a un presunto delito de tráfico de influencias, al haberse colocado de forma irregular a una persona que han ostentado diversos cargos de relevancia en la Administración que estaba sin trabajo, con el objetivos de tenerla controlada y, además, aprovechar las funciones que iba a desempeñar para desviar dinero público destinado a un futuro evento deportivo. Para logar ese propósito se ejerció influencia en cargos públicos, algunos de ellos de la órbita del PDEcat.
La trama
La investigación del juez Aguirre arranca en mayo del 2018, a raíz de una macrooperación con 20 registros y 30 detenciones por un presunto caso de corrupción en la Diputació de Barcelona. La operación Estela se inició meses antes por el reparto presuntamente irregular, a través de subvenciones, de más de dos millones de euros, durante el mandato del presidente Salvador Esteve (CiU). Esas ayudas iban a parar a empresas, fundaciones, en algún caso de la órbita independentista, y patronales que, en realidad, debían haber ido destinadas a prestar a asistencia técnica a países en vías de desarrollo.
Meses después, el juez Aguirre se hizo cargo de una investigación de la Fiscalía de Barcelona por el presunto desvió de fondos destinados al deporte que, a través de una entidad soberanista, habrían ido a parar al PDeCAT. En las entradas y registros efectuados en mayo del 2018, la Policía Nacional halló apuntes contables sobre una de estas operaciones.
