¿De quién depende la Fiscalía?

En una entrevista en RNE, Sánchez ha explicado que el Gobierno está haciendo todo lo necesario para que Puigdemont, buscado por un delito de sedición y malversación en relación con el 'procés', sea traído de vuelta a España.

De hecho, ha incidido en que fue la Fiscalía la que "pidió al juez instructor la activación de la euroorden" y, para probar que el Ejecutivo está actuando con este objetivo, ha lanzado una pregunta retórica: ¿De quién depende la Fiscalía?".

Entrevista a Sánchez

Sánchez: "Nosotros hemos... No solamente el juez Llarena, en este caso como juez instructor, sino también la Fiscalía General del Estado pidió al juez instructor la activación de la euroorden después de conocer la sentencia del Tribunal Supremo. Estamos esperando a ver cuál es exactamente la decisión final de la justicia belga pero, en todo caso, ese es el planteamiento que estamos haciendo".

RNE: "Pero eso lo está haciendo el Estado, lo está haciendo la Justicia. Usted lo planteó como un compromiso electoral y el independentismo se pregunta cómo lo va a hacer Sánchez".

Sánchez: "Pues como lo estamos haciendo, como lo estamos haciendo. Es que... la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿de quién depende?"

RNE: "Depende del Gobierno".

Sánchez: "Pues ya está".

El presidente daba a entender que el Ministerio Público podía seguir las órdenes del Gobierno en relación a Puigdemont con estas palabras, que han sido criticadas tanto por fiscales como por otras formaciones políticas.

Tras la polémica generada por estas afirmaciones, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha coincidido con Sánchez en destacar que el Fiscal General del Estado es nombrado por el Gobierno, pero ha negado que haya injerencias políticas en las decisiones judiciales.

"Nada tiene que ver la separación de poderes con el Ministerio Fiscal, que es un órgano que está encuadrado en el ámbito del poder judicial pero no es poder judicial", ha asegurado.

"El fiscal o la fiscal general del Estado ¿quién lo nombra, según dice el artículo 124 de la Constitución? ¿Quién lo nombra? El Gobierno", ha remachado.

Calvo ha subrayado que como órgano nombrado por el Ejecutivo tiene un "vínculo importante" con las decisiones de política criminal del Gobierno, como sucede -ha destacado- "en todas las democracias del mundo".

Posteriormente, el propio Sánchez ha manifestado en Twitter que "nadie está por encima de la ley", en alusión a Puigdemont, y ha asegurado que el Ejecutivo dará "su respaldo" a la Fiscalía en la defensa de la Ley de y del interés general.

Pero, ¿de quién depende la Fiscalía General del Estado?

Lo que dice la Ley

El Gobierno propone el nombramiento del Fiscal General del Estado y le puede pedir que lleve a cabo acciones ante los tribunales en defensa del interés público, pero los fiscales se guían por "el principio de imparcialidad" y actúan "con plena objetividad e independencia", según el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

"El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial", según el artículo 124 de la Constitución.

El candidato, añade el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, será elegido de "entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio".

Ya en el cargo, asumirá las funciones de "promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados" y de "velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social", según la Constitución.

Se guiará, además, por los "principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad".

El candidato propuesto por el Ejecutivo comparecerá ante el Congreso de los Diputados para que los parlamentarios puedan evaluar sus "méritos e idoneidad" y, una vez nombrado, el Fiscal General del Estado prestará ante el Rey el juramento o promesa, explica el estatuto de la Fiscalía.

A partir de ese momento, el Gobierno puede "interesar" del Fiscal General del Estado actuaciones ante los tribunales para defender el interés público. Estas comunicaciones se canalizan a través del ministro de Justicia, aunque el presidente del Gobierno también puede dirigirse directamente al fiscal si lo estima necesario, explica el mismo documento.

Tras recibir una solicitud por parte del Gobierno, y consultar a la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, el Fiscal General resolverá sobre "la viabilidad o procedencia de las actuaciones interesadas" y expondrá su resolución al Gobierno "de forma razonada".

Es decir, prevalece en todo momento la independencia de la Fiscalía, que no está sujeta "a ningún tipo de injerencias" por parte del poder político, según fuentes fiscales consultadas por EFE.

Los fiscales reivindican su independencia

Las asociaciones de fiscales, muy críticas con las afirmaciones de Sánchez, aclaran que el Ministerio Fiscal "no recibe órdenes" de La Moncloa.

La Asociación de Fiscales (AF) espera que la insinuación del presidente acerca de que la Fiscalía podría seguir instrucciones del Ejecutivo sea "una lamentable confusión", que muestra, sin embargo, el "tremendo desconocimiento del presidente", algo que comparte la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

También la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha reivindicado la autonomía e independencia de la Fiscalía a través de su perfil de Twitter: "El Ministerio Fiscal es autónomo del Gobierno, de cualquier Gobierno, y este no puede dar órdenes a la Fiscal General, que quede claro".

Igual de tajante ha sido la AF, que también "recuerda" a Sánchez en un tuit "que la Fiscalía es independiente y no cumple órdenes del Ejecutivo", sino que "solo depende de la legalidad".

Como muestra de dicha autonomía, fuentes de las asociaciones recuerdan precisamente el juicio del 'procés', en el que la Fiscalía "siempre defendió su independencia" al mantener la acusación por rebelión, frente a la Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno, que finalmente optó por acusar por sedición, delito por el que fueron condenados nueve acusados.

Los partidos hablaban de politización de la Fiscalía

Dirigentes políticos de distintas fuerzas parlamentarias han lamentado este miércoles que el candidato socialista niegue la independencia de los fiscales y cuestione la separación de poderes, aunque en el pasado casi todos coincidían en denunciar la politización de este cargo.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha reivindicado la independencia de la Fiscalía y ha defendido la "indignación lógica" de los fiscales ante sus palabras.

En nombre de Ciudadanos, el líder de esta formación, Albert Rivera, ha acusado al presidente del Gobierno en funciones de "tirar por tierra" el trabajo independiente de los fiscales.

Desde Cataluña, la cabeza de lista de JxCat para las elecciones, Laura Borrás, cree que Sánchez ha "certificado la defunción de la separación de poderes" y la candidata número dos de ERC, Carolina Telechea, también ha subrayado que sus palabras son "una absoluta falta de respeto a la separación de poderes del Estado".

Las críticas hacia la politización de este cargo han sido constantes en los últimos años: El PP cuestionó la independencia de Cándido Conde-Pumpido en los años de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el PSOE la de José Manuel Maza en la etapa de Mariano Rajoy... Aunque, en la última legislatura, solo Ciudadanos y Podemos llevaron al Parlamento una nueva regulación de la Fiscalía General del Estado.

En concreto, como ha recordado este miércoles Rivera, Ciudadanos presentó en el Congreso una proposición de ley para despolitizar la Fiscalía General del Estado, cuya necesidad negó el PSOE.

PP y PSOE rechazaron en febrero de 2018 la toma en consideración de esta proposición de ley, en la que Cs defendía que la Cámara Baja tuviera la última palabra en el nombramiento del fiscal general del Estado (con una mayoría de dos tercios para su ratificación), así como que se ampliara su mandato de cuatro a seis años, se elevara de 15 a 25 años su trayectoria profesional previa y se le exigiera no haber desempeñado ningún cargo público o electivo en la última década.