13 de mayo de 2019
13.05.2019
Juicio 'procés'

Juicio del 'procés': Mireia Boya exculpa a Jordi Sànchez de la concentración del 20-S

La exdiputada de la CUP explica que fue ella quien no quiso desconvocar la protesta

13.05.2019 | 13:04
Nueva sesión en el juicio del 'procés'.

La exdiputada de la CUP Mireia Boya ha explicado este lunes al tribunal que juzga el proceso independentista en Cataluña que durante la concentración del 20 de septiembre de 2017 frente a la Consejería de Economía de la Generalitat se enfrentó al entonces presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, cuando éste y el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, sugirieron desconvocar la protesta. Según Boya, eran su compañera Eulalia Reguán y ella las que trataron de que no se suspendiera.

"Jordi Sànchez y Jordi Cuixart estaban convencidos de que había que desconvocar la manifestación. Nosotras dijimos que no éramos nadie para desconvocar, que no teníamos esa potestad. Recuerdo que discutí con Jordi Sànchez sobre esto porque yo no estaba de acuerdo en desconvocar", ha indicado.

Finalmente, ha explicado la exdiputada de la CUP, Reguán y ella cedieron con la condición de que, a cambio de desconvocar se citara de nuevo a la gente al día siguiente ante el TSJC para seguir protestando por las detenciones y registros de sedes de la Generalitat.

Así lo ha afirmado en el juicio del 'procés', donde ha comparecido en calidad de testigo a petición de las defensas de Sànchez y Cuixart. Boya fue procesada por un delito de desobediencia en el este mismo procedimiento, pero el tribunal que preside Manuel Marchena decidió finalmente trasladar su causa al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), donde está pendiente de juicio junto con cinco exmiembros de la Mesa del Parlament.


"Defender la sede de la CUP"


Boya se quedó junto a la entrada de la CUP unas ocho horas. Eulalia Reguán y ella se sentaron en la puerta de entrada, "ejerciendo los métodos, las tácticas propias de la desobediencia civil", y desde allí hicieron "llamamientos a la militancia" y al resto de la ciudadanía para que les ayudara a "defender la sede" ya que entendían que "se estaba produciendo un atentado contra los derechos de la CUP como partido".

Boya y Reguán, según el relato de la primera, volvieron a la Consejería de Economía para continuar con la protesta, que ha calificado de "festiva" la mayor parte del tiempo. Sí ha reconocido que en un momento dado se percataron de un grupo de jóvenes que estaba "protestando de forma más entusiasta", aunque no ha explicado a qué se refería con ese calificativo.

Según la exdiputada cupaire, Sànchez y Cuixart se acercaron a ellas para pedirles que trataran de calmarles e instarles a manifestarse siempre "de forma no violenta", dado que al ser jóvenes cabía la posibilidad de que fueran votantes de la CUP. "Querían que les recordásemos cuáles son las bases de la desobediencia civil no violenta", ha apuntado.

Subidas a un coche de la Guardia Civil


Ha sido así cómo Boya ha justificado que Reguán y ella se subieran al techo de un vehículo de la Guardia Civil, al igual que hicieron después Sànchez y Cuixart, pero también lo ha argumentado apelando a su baja estatura. "Los voluntarios de la ANC nos consiguieron un megáfono y consideramos que subir al techo de uno de los dos vehículos era un buen atril para dirigirnos a ellos y recordarles la actitud pacífica", ha indicado.

Y sobre el contenido de lo que allí dijo, la testigo ha querido quitar hierro al asunto y ha explicado que su intención siempre fue rebajar la tensión y que por eso dijo a los concentrados que sabía que "a muchos" de los manifestantes les gustaría estar "encima de un patrol de la Guardia Civil", pero lo ha justificado afirmando que se trataba de un comentario "humorístico".

En cualquier caso, Boya ha querido dejar claro que en ese momento el coche "ya tenia daños materiales" y que se subió a él "no para provocar esos daños, sino para que no hubiera ningún tipo de altercado o problema".

Niegan que el 1-O costase dinero a los catalanes

Las defensas del juicio del "procés" han centrado sus esfuerzos en combatir la acusación de malversación de nueve acusados con los testimonios de altos cargos de la Generalitat que han negado la existencia de contratos públicos para el 1-O, que a su juicio no causó "ningún perjuicio" en las cuentas catalanas.

Son el exdirector del gabinete jurídico de la Generalitat y la directora general de Contratación, Francesc Esteve y Mercé Corretja, respectivamente, que han apoyado la versión de algunos acusados en cuanto a la ausencia de partidas públicas para la organización del referéndum, declarado ilegal.

"No existe contrato formal específico para actividades del 1-O, ni afectación presupuestaria, ni reserva de crédito, ni factura pendiente", ha asegurado Esteve, investigado por un juzgado de Barcelona, que ha ido desgranando uno a uno los contratos en los que la Fiscalía ve indicios de malversación.

Ni en la campaña Civisme, que quedó desierta porque las adjudicatarias renunciaron; ni en el registro de catalanes en el exterior, que ha desvinculado completamente del 1-O; ni en los anuncios de las vías del tren difundidos por medios públicos catalanes; ni en los encargos a la empresa postal Unipost, la Generalitat destinó un solo euro público al referéndum, según Esteve.

Como hizo Jordi Turull, exconseller de Presidencia del que dependía Esteve, el testigo ha hecho hincapié en que los anuncios de las vías tenían carácter "gratuito" al formar parte de un acuerdo marco, pese a que la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales sigue reclamando dos facturas de un importe total de 112.747 y 223.396 euros.

Aún así, tras un estudio jurídico, la Generalitat declaró nulas las facturas porque se enviaron por correo electrónico sin usar la plataforma pertinente, aunque no ha mencionado si se dio oportunidad a la Corporación de enviarlas según la forma establecida.

La Generalitat también tenía un contrato marco con Unipost y, según Esteve, no existe ninguna factura o reserva de crédito relacionada con dicha empresa postal ni con cartelería, sobres o papeletas del 1-O.

Para Esteve, las "facturas proforma" emitidas por Unipost fueron "vistas a ojos de la Generalitat como presupuestos" y "no es un encargo formal", aunque según la Guardia Civil sí que hubo varias notas de entrega con el sello de la Generalitat que para los investigadores constituyen un pedido oficial.

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