El excomisario de la Policía Jaime Barrado ha denunciado este miércoles en el juicio del caso espías "cortapisas" que sufrió para investigar "más arriba" por el espionaje en 2008 a políticos del PP , así como "irregularidades" del exjefe de la UDEF José Luis Olivera y del exfiscal jefe de Madrid Manuel Moix.

La Audiencia Provincial de Madrid juzga a seis acusados de realizar seguimientos a excargos políticos del PP enfrentados a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre como el exvicepresidente regional Alfredo Prada y el exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo.

Durante su declaración como testigo Jaime Barrado ha manifestado que José Luis Olivera le dijo por dónde tenía que ir la investigación de este caso y que no se fiaba ni de él ni del entonces fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix.

Incluso ha señalado que Olivera le ocultó y le engañó en relación con algunos datos a los que solo él por su cargo podía tener acceso como quién realizó unas consultas a unas matrículas de coches.

Ha añadido que le impidieron investigar a los que estaban "más arriba" de los seis acusados para ver quién ordenó el espionaje y denunció este hechos al superior de Olivera, el comisario general de Policía Judicial, "en unas notas informativas que se quedaron en un cajón porque no hubo consecuencias".

Ante esta circunstancia la presidenta del tribunal, Paz Redondo, ha decidido suspender la declaración como testigo de Jaime Barrado para proteger sus derechos ante la posibilidad de que lo que estaba manifestando pudieran comprometerle penalmente.

Tras un receso el abogado Javier Vasallo, defensor de uno de los tres guardias civiles acusados, ha pedido que se deduzca el correspondiente testimonio por parte del tribunal para depurar las responsabilidades que correspondan y ha anunciado que ejercitará acciones penales contra Manuel Moix, José Luis Olivera, Jaime Barrado y los demás responsables policiales intervinientes.

Los acusados son el exdirector general de Seguridad Sergio Gamón, el exsubdirector Miguel Castaño, tres guardias civiles y un técnico de la Administración regional, que se enfrentan a entre dos y cuatro años de prisión que pide el PSOE.

Durante su declaración Jaime Barrado ha recordado que comenzaron a investigar con un listado de posicionamientos de teléfonos que el entonces fiscal jefe, Manuel Moix, pidió a Telefónica y que luego se percataron que tenía que pedir permiso al Juzgado de Instrucción.

"El PP estaba metido pero no teníamos acceso a más arriba de los guardias civiles y los policías nacionales y se nos cortaba todas las posibilidades", ha manifestado Barrado en referencia a sus intentos de averiguar quién o quiénes ordenaron el espionaje.

Y ha apostillado: "Aseguro que era una actividad ordenada por alguien pero allí no llegábamos".

El juicio ha seguido con el resto de testigos y la presidenta del tribunal resolverá una vez terminada la vista sobre la petición de deducción de testimonio formulada por Javier Vasallo a la que se ha adherido Ramón González Bosch, letrado de dos guardias civiles y el técnico acusados.