El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha admitido a trámite la ampliación de la querella de Diario de Mallorca, Europa Press y sus respectivos redactores Kiko Mestre y Blanca Pou contra el delegado de la fiscalía anticorrupción de las islas, Juan Carrau, como posible inductor de cuatro delitos relacionados con los autos de requisa de los móviles de ambos informadores y fiscalización de sus llamadas, dictados por el juez Miquel Florit en una pieza separada del caso Cursach donde se investiga un presunto delito de revelación de secretos.

Por otro lado, la misma Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJB ha rechazado, por extemporánea procesalmente, la solicitud del fiscal superior de Baleares, Bartolomé Barceló, de que se archive la querella contra Florit, petición anterior a que se solicitara la imputación de Juan Carrau.

Diario de Mallorca, Europa Press y los periodistas Kiko Mestre y Blanca Pou ampliaron su querella por la requisa de los móviles de ambos informadores y el registro de sus redacciones, interpuesta el mes pasado contra el juez del caso Cursach, Miquel Florit, al fiscal anticorrupción Juan Carrau, al que consideran inductor de los presuntos delitos. La ampliación de la querella, interpuesta inicialmente por prevaricación judicial, delito contra la inviolabilidad del domicilio y delito contra el secreto profesional de los periodistas, incluye un cuarto hecho presuntamente delictivo: interceptación ilegal de comunicaciones.

La ampliación de los presuntos autores y de los hechos delictivos se hizo tras tenerse conocimiento, a través de la sala de lo Civil y de de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), que investiga la querella desde el 18 de diciembre, de autos dictados por el juez Florit en una pieza separada del caso Cursach por presunta revelación de secretos.

Esas resoluciones, de las que los querellantes solo han tenido acceso a una, aunque, de documentos obrantes en esa causa presumen que existen varias, fueron dictadas antes del polémico auto de Florit de 11 de diciembre pasado, donde ordenó la requisa de los móviles de Mestre y Pou y el registro de sus sedes de trabajo.

En un auto dictado el 28 de noviembre, el instructor del caso Cursach ordenó a una compañía telefónica que facilitase un listado de llamadas de Pou, así como datos de su geoposicionamiento. Con anterioridad el mismo juez también ordenó a otras compañías datos similares de Kiko Mestre y de Pou.

Estos autos suponen, según la ampliación de la querella, un presunto delito de interceptación de las comunicaciones, nuevos hechos prevaricadores y un delito contra el ejercicio del derecho a la información al vulnerar el secreto profesional de los periodistas.

"Resulta insólita la actuación del fiscal Juan Carrau al solicitar y consentir la investigación de un presunto delito de revelación de secretos mediante la incautación de móviles de periodistas, el registro de sus lugares de trabajo y la interceptación de los datos de tráfico de sus comunicaciones", afirma la ampliación de la querella.

La nueva acusación añade que la propia fiscalía anticorrupción estatal emitió un comunicado el 19 de diciembre donde "realizó una manifestación institucional del todo absurda en el plano jurídico", al justificar la requisa de los móviles en la recogida de los efectos del delito de revelación de secretos, como si las herramientas de trabajo de los informadores fueran "efectos del delito". Esta excusa, "resulta grotesca, a la par que insultante para la profesión" y "queda desmentida por la finalidad expresada en las resoluciones (presuntamente) prevaricadoras (del juez) y en los escritos previos del fiscal Juan Carrau.

El abogado de Diario de Mallorca y Europa Press, Nicolás González-Cuéllar Serrano, pide en su escrito de ampliación de la querella al Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) que cite, en calidad de investigado, al fiscal anticorrupción Juan Carrau.

El letrado de Diario de Mallorca también solicita que se reclame al juzgado de instrucción 12 testimonio completo de la causa por presunta revelación de secretos donde se dictaron los autos presuntamente delictivos.