El Gobierno ha aprobado este lunes estrategias nacionales contra el terrorismo y el crimen organizado, que incluirá también la considerada "delincuencia grave", así como el Plan Nacional de Biocustodia para evitar la creación de armas bacteriológicas con el uso delictivo de patógenos.

Presidencia del Gobierno indica en un comunicado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha mantenido este lunes un encuentro con el Consejo de Seguridad Nacional, que se ha celebrado en el denominado "bunker de la Moncloa".

"Se ha determinado la nueva Estrategia Nacional Contra el Terrorismo, que actualiza la Estrategia Integral contra el Terrorismo Internacional y la Radicalización de 2012, vigente hasta 2017", señala en la nota.

Asimismo, en la reunión se ha revisado y actualizado la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2019-2023, tras la revisión y actualización del plan anterior.

"En concreto, se ha decidido incluir la amenaza de la delincuencia grave, un tipo de delincuencia que sin poder ser catalogada como organizada, sí supone un peligro para la seguridad no sólo individual, sino de barrios y ciudades", explica el Gobierno.

Añade que, respecto al desafío de los flujos migratorios irregulares, "el consejo ha sido informado de la elaboración de un plan de contingencia global frente a posibles llegadas extraordinarias".

Con el Plan Nacional de Biocustodia, elaborado por el Comité especializado de no proliferación de armas de destrucción masiva, se pretende evitar que cualquier patógeno empleado en investigación médica pueda caer en manos criminales que los transformen en arma bacteriológica.

En la reunión se ha tratado la reciente constitución de la Conferencia Sectorial para Asuntos de la Seguridad Nacional, un órgano previsto en la Ley de Seguridad Nacional, que aún no había sido puesto en funcionamiento y que preside la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

En dicha conferencia estarán representadas todas las comunidades autónomas, así como Ceuta y Melilla.

El Ejecutivo recuerda que "es un instrumento que articula la participación autonómica en asuntos de seguridad nacional que afectan a materias que han sido transferidas a la administración autonómica, sin olvidar que el responsable de la seguridad nacional es el presidente del Gobierno".