09 de enero de 2019
09.01.2019
Educación Reforma

¿Cuáles son los principales cambios que propone la "Ley Celaá"?

La ministra ha destacado que la reforma de la Lomce se centra en la "reforzar la educación infantil"

09.01.2019 | 17:58

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha destacado este miércoles que la ley que elabora su departamento para derogar la Lomce se centra en los principios clave de "reforzar la educación infantil, la tranversalidad de la coeducación y la personalización del aprendizaje".

Así lo ha dicho al término de la Conferencia Sectorial que hoy se ha celebrado en el Ministerio de Educación en la que Celaá ha explicado a las comunidades autónomas el anteproyecto de Ley que contiene su reforma educativa y que con este trámite ha concluido ya el proceso de consultas.

La nueva Ley afectará a más de 8 millones de estudiantes, a 700.000 docentes y a 28.000 centros educativos de toda España y, según la ministra "es respetuoso con la Constitución" y "respeta las competencias del Estado y de las comunidades autónomas".

Estas son algunas de las novedades que plantea el nuevo texto, según ha destacado el Ministerio de Educación:

- Establece que un 55 % de los contenidos y materias serán definidos por el Estado en las comunidades autónomas con dos lenguas oficiales y un 65 % en las que solo tengan una lengua oficial.

- Elimina los itinerarios de la ESO, refuerza la educación comprensiva en esta etapa y mejora la atención al alumnado con dificultades de aprendizaje.

- Garantiza la obtención de un título único al final de la ESO, tanto para los alumnos que hayan cursado 3º y 4º de esta educación obligatoria a través de programas de mejora de oportunidades, como desde la Formación Profesional Básica.

- Permite mayor flexibilidad en los estudios de Bachillerato, que seguirá siendo de dos años pero los estudiantes que hayan finalizado primero con más de dos asignaturas suspensas no tendrán que repetir el curso completo, sino solo las materias pendientes.

- Persigue disminuir el índice de repetición al permitir que si el estudiante tiene que repetir, la decisión ha de ser adoptada de manera colegiada por todo el equipo docente y en el caso de que finalmente se produzca la repetición, se pondrá en marcha un plan individualizado de seguimiento para el estudiante.

- En Bachillerato propone un modelo de compensación de una materia pendiente con carácter excepcional, que será decidido por el equipo docente en conjunto e implica el cumplimiento de unos requisitos previos. Es un modelo semejante al de Francia o Reino Unido y una práctica habitual en el Bachillerato Internacional.

- Se atiene a los acuerdos firmados con la Santa Sede respecto a la asignatura de religión, que seguirá siendo de oferta obligada para los centros y de opción voluntaria para el alumnado, aunque la nueva ley no establece una asignatura espejo como alternativa.

- Contempla la asignatura de Valores cívicos y éticos en un curso de Educación Primaria y en otro de la ESO y de forma transversal habrá contenidos de la asignatura en todas las materias.

- Persigue restaurar la participación de toda la comunidad educativa en la planificación y gestión de los centros, estableciendo un equilibro entre sus representantes en los Consejos Escolares y dándoles una mayor responsabilidad en la elección del director o directora y la gestión y evaluación de los centros escolares.

- Incluye evaluaciones de diagnóstico para mejorar la calidad y la cohesión del sistema educativo, una de las cuales se efectuará en el último curso de Educación Primaria y otra, en el último de la ESO, con carácter muestral y plurianual.

- Respecto al tratamiento de las lenguas cooficiales, la propuesta trata de combinar de manera equilibrada la necesidad de garantizar el aprendizaje del castellano con la presencia adecuada de las lenguas propias de cada comunidad.

Se hace hincapié en la necesidad de que todo el alumnado termine la educación básica con el nivel adecuado para expresarse oralmente y por escrito en una y otra lengua.

Además, la nueva ley contempla que el nivel de competencia logrado en cada una de las lenguas -el castellano y la lengua cooficial-, sea objeto de un análisis permanente por parte de los centros.

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