La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha instado este miércoles a trabajar por lograr el máximo consenso en la reforma educativa con la que quiere derogar la Lomce, mientras que las comunidades autónomas gobernadas por el PP han pedido su retirada y que el Gobierno retome la senda del pacto educativo y el diálogo.

Tras más de cuatro horas de reunión con las comunidades en la Conferencia Sectorial, Celaá se ha mostrado "satisfecha" con el proceso de consultas que ha tenido hasta el momento el anteproyecto de ley, que busca reformar la educación y derogar la Lomce.

Ha asegurado que la mayoría de las comunidades están de acuerdo con buena parte del texto, al igual que el Pleno del Consejo Escolar del Estado, que ayer precisamente rechazó alrededor del 80 % de las enmiendas presentadas al texto por la comunidad educativa, en especial las que defendían el espíritu de la Lomce.

Según Celaá, su reforma, que previsiblemente a finales de este mes o principios de febrero pasará a proyecto en el Consejo de Ministros, "apuesta por la educación personalizada, supone un paso de gigante en la escuela inclusiva" y refuerza, entre otras, la educación infantil.

El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, ha negado, como han achacado algunas comunidades del PP, que esta reforma suponga una vuelta a la Ley Orgánica de Educación (LOE) socialista de 2006, la anterior a la Lomce. "Hay quien interpreta que volver a la LOE es un retroceso, pero volver a la LOE desde la Lomce es un adelanto", según Tiana.

Los consejeros populares consideran que la reforma del Gobierno "nos retrotrae a 2006 con unas necesidades del siglo XXI", que son "totalmente diferentes", pues tienen que ver con métodos innovadores y la digitalización.

En nombre de los consejeros del PP, el de Madrid, Rafael van Grieken, ha criticado que Celaá haya puesto "encima de la mesa directamente un anteproyecto que no ha estado consensuado ni debatido" y que ha ido con mucha celeridad "por cumplir probablemente con alguno de los compromisos políticos que se adquirieron con la investidura del presidente Sánchez".

Más allá ha ido el consejero popular de Castilla y León, Fernando Rey, quien ha asegurado que la reforma del Gobierno es "una chapuza cósmica" y ha calificado el texto de "triunfo de los populistas e independentistas".

Otras comunidades como Canarias (Coalición Canaria) han supeditado su apoyo a la reforma si va acompañada de financiación, un nuevo acceso a la profesión docente y el refuerzo a la educación de 0 a 3 años; éste último punto también es importante para la Comunidad Valenciana (Compromís) al igual que acabar con la educación diferenciada.

Navarra (Geroa Bai) y País Vasco (PNV) han defendido también la importancia de las competencias autonómicas y el respeto de las lenguas cooficiales.

Durante la Sectorial y, aunque no estaba en el orden del día, ha habido alusiones a la propuestas de descentralización de competencias, como las de educación, tal y como propone Vox en Andalucía.

Preguntada sobre ello, la ministra ha asegurado que ha habido algunas intervenciones del PP " en las que se han observado esta tendencia a tratar de recentralizar la competencia de educación".

"Nuestra propuesta es constitucional, realmente lo que hace es amparar la España de las autonomías", "respeta la separación y diversidad que tenemos en el Estado", ha continuado Celaá, quien ha calificado de "retrógradas" y de un "propósito controlador" las opiniones sobre la recentralización de la educación.

En este sentido, la consejera andaluza, Sonia Gaya (PSOE), ha tachado de "disparate" y "despropósito" la intención de Vox.

Por su lado, los consejeros del PP, en nombre de los que ha hablado el representante de La Rioja, Alberto Galiana, sostienen que es un tema "que tendrá que analizar el partido a nivel general".

"Pero desde luego, las comunidades aquí representadas (Galicia, Murcia, Madrid, Castilla y León y La Rioja) defendemos que la gestión de la educación debe ser con moderación, con visión de Estado y llevado desde las comunidades autónomas", ha asegurado.

El consejero madrileño, Rafael van Grieken, ha añadido que hay que potenciar las competencias del Estado, como la Alta Inspección, los currículum comunes pero también todo lo relacionado con el profesorado; todo ello sin repercutir en las competencias que tienen delimitadas las autonomías.