La Abogacía de la Generalitat valenciana ha presentado un recurso de reforma contra el auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia que decidió archivar la investigación por prevaricación y malversación contra el expresidente de la Generalitat valenciana en el conocido como Caso Valmor que investiga las negociaciones para la organización del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia a través de Valmor Sports SL y la posterior absorción de esta sociedad por parte de la empresa pública Circuit del Motor.

Según fuentes de la Generalitat valenciana, la Abogacía considera que "existen serios indicios de criminalidad contra el expresidente Francisco Camps" por lo que pide a la jueza que continúe la investigación, y transforme las diligencias previas en procedimiento abreviado, -que ya había sido solicitado por la Fiscalía Anticorrupción, además de unir esta pieza principal con la pieza segunda que investigaba la compra de Valmor por Circuit del Motor y en la que no existe ningún imputado, ya que esta compra se materializó durante la etapa de Alberto Fabra al frente de la Generalitat valenciana. Los letrados del Consell también piden a la jueza que incorpore las declaraciones como investigados del expresidente Camps y de Belén Reyero, asesora de Camps para los temas de la Fórmula 1 así como de "las personas que resulten presuntamente responsables de los hechos objeto de investigación", según fuentes del Consell.

Desde la Generalitat valenciana argumentan que el recurso de la Abogacía "se basa en argumentos estrictamente técnicos y en defensa del interés público de los valencianos. Todas las actuaciones de la Generalitat valenciana van encaminadas al cumplimiento de la ley y a la necesidad de que los responsables de los casos de corrupción que resulten acreditados devuelvan el dinero".

En su escrito, que no fue facilitado, la Abogacía de la Generalitat valenciana defiende que tanto a través de los informes de la UDEF, como de los correos electrónicos y de las declaraciones que obran en la instrucción -entre ellas del exvicepresidente Vicente Rambla- resulta evidente la intervención de Camps y de Reyero en los hechos objeto de investigación, así como la relevancia penal de éstos. En el recurso también se incide en que los hechos evidencian "cómo se comprometió todo el sector público autonómico en un negocio que se sabía ruinoso desde el inicio, y para el que se eludieron deliberadamente los controles más rigurosos de la Administración autonómica, interponiendo sociedades mercantiles públicas, sobre cuyos actos y decisiones no existió ningún control o fiscalización, ni de la Intervención de la Generalitat ni de la Abogacía de la Generalitat".

La Abogacía de la Generalitat valenciana también defiende que "el sobreseimiento está justificado solo cuando no existe duda de que el hecho es atípico o que el investigado es indefectiblemente inocente. En caso contrario, si se cierra el procedimiento de instrucción en casos más o menos discutibles, se cercena de forma prematura y forzada el derecho a la tutela judicial efectiva". Además, aseguran que en el recurso citan como jurisprudencia "casos con resultado ruinoso a sabiendas para las arcas públicas como la reciente sentencia del Tribunal de Cuentas, del 27 de diciembre, de la Sección de Enjuiciamiento, que condena a los miembros dfe la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Madrid, en un procedimiento por alcance, por la venta de viviendas públicas a un fondo de inversión especulativo".