El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha solicitado al Ministerio del Interior que adopte las medidas de protección necesarias para los jueces que trabajan en Cataluña y también para el magistrado Pablo Llarena, cuyo domicilio fue atacado ayer en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

La Comisión Permanente del órgano del gobierno de los jueces insta también a la Fiscalía General del Estado, a Interior y al Departamento de Interior de la Generalitat a que adopten "de inmediato" todas las medidas necesarias para "la persecución de las personas y grupos" que participaron en el ataque.

El CGPJ ha lanzado un comunicado ante las pintadas de color amarillo que aparecieron ayer en el portal del domicilio que el juez Pablo Llarena, instructor del caso del "procés", tiene en dicha localidad barcelonesa.

El acto fue reivindicado por Arran, organización juvenil vinculada a la CUP, y ya está siendo investigado por los Mossos d'Esquadra.

El CGPJ manifiesta su "más absoluto rechazo" a dicho ataque, llevado a cabo por "un grupo organizado de enmascarados" que "atacaron" la casa de Llarena mientras se encontraba uno de sus hijos en su Interior.

Condena también el órgano de gobierno de los jueces "toda conducta de intimidación" que pretenda dirigirse contra todos los jueces de Cataluña y manifiesta su "aliento y compromiso" con ellos y su "reconocimiento más firme y sincero por la labor constante, callada y meritoria que prestan día a día en beneficio de la Comunidad".

A juicio del CGPJ, dicho ataque va también dirigido contra todos los jueces que ejercen en Cataluña y manifiesta a su vez su "más absoluto rechazo" a las expresiones de apoyo a "esas conductas criminales y a quienes las están alentando".