Pedro Sánchez defendió que hubo un delito de rebelión en Cataluña cuando tan sólo era líder de la oposición y "nunca" ha expresado esta opinión siendo presidente del Gobierno, ha argumentado este viernes la vicepresidenta, Carmen Calvo, para intentar sostener que no se ha producido ningún giro del Gobierno a este respecto después de que la Abogacía del Estado haya descartado acusar a los líderes del 'procés' de rebelión, y sólo por sedición y malversación de fondos públicos.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Calvo ha provocado una primera reacción de sorpresa entre los periodistas al asegurar que el presidente del Gobierno "nunca" ha opinado que los hechos ocurridos hace un año en Cataluña constituyesen un delito de rebelión.
La 'número dos' ha explicado que, cuando Sánchez dijo en una entrevista en televisión que "clarísimamente" en Cataluña se produjo un delito de "rebelión", él era el líder del PSOE y no el jefe del Ejecutivo.
Esa entrevista se grabó el 17 de mayo pasado, apenas unas semanas antes de la moción de censura que desalojó al Gobierno de Mariano Rajoy de La Moncloa, y cuando el PSOE, hundido en las encuestas, estaba endureciendo su lenguaje con respecto a Cataluña lanzando propuestas como la de modificar el Código Penal para adecuar el delito de rebelión a los tiempos que corren y que deje de estar vinculado a levantamientos militares o imponer a todos los altos cargos que acaten la Constitución en sus tomas de posesión.
Por su parte, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha negado este viernes que haya "gestos" a los independentistas en la decisión de la Abogacía del Estado de no calificar de rebelión los delitos para el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, y los exconsellers por los hechos ocurridos el 1 de octubre de hace un año.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Delgado ha subrayado que la Abogacía del Estado ha actuado bajo criterios de "profesionalidad" basándose en "parámetros técnicos y jurídicos" y, por tanto, ha insistido, "no es una cuestión de gestos".
A la pregunta de si esta decisión podría afectar al apoyo de los independentistas a los presupuestos generales, Delgado se ha limitado a decir: "Sirva o no sirva, no tengo ni idea".
La ministra se ha referido al escrito de conclusiones provisionales presentado este viernes por la Abogacía del Estado y ha subrayado que los hechos se circunscriben a los actos preparatorios "al pretendido referéndum del 1 de octubre".
La titular de Justicia ha explicado que en el escrito de conclusiones provisionales se establecen tres órdenes de autoría: los miembros del entonces Govern de la Generalitat, los que formaban parte de la mesa del Parlament y la sociedad civil que tuvo una acción protagonista.
En función de esa participación, Delgado ha subrayado que la Abogacía ha calificado los hechos como "posible delito de sedición y delito de malversación de caudales públicos, en lo que se denomina concurso medial, es decir, que la malversación es un delito medio para alcanzar el de sedición".
Y además, ha informado de que hay un tercer delito de "desobediencia grave a resoluciones judiciales, que tiene una pena muy inferior a la sedición".
Aquí, ha dicho, se encuentra la "horquilla" establecida por la Abogacía del Estado, "desde los 12 años que se interesan para el exvicrepresidente Oriol Junqueras a la multa para los que se consideran posibles autores de un delito continuado de desobediencia grave".
