El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha evitado este jueves valorar si los acusados en el juicio por el proceso independentista han cometido delito de rebelión: "Yo no soy juez, ¿sabe?", ha respondido a los periodistas.
El ministro se ha expresado así en el Senado, tras comparecer en la Comisión de Asuntos Exteriores, preguntado por este asunto después de que el miércoles el presidente del Gobierno hiciera una reflexión sobre el delito de rebelión recordando que en 1994 en 'popular' Federico Trillo afirmaba que el delito de rebelión sólo lo podían cometer militares o civiles armados que siguieran órdenes de militares.
Este jueves, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, no ha aclarado si el Gobierno revisará el delito de rebelión, que se puede imputar a los dirigentes independentistas, pero sí que España tendrá que "adecuar" este tipo en "su momento".
Tampoco lo ha aclarado la 'número dos' del PSOE, Adriana Lastra, que ha dicho que desconoce si en esta legislatura el Gobierno o su partido propondrán reformar el Código Penal para adecuar el delito de rebelión a los tiempos actuales, como defendió Pedro Sánchez como líder de la oposición apenas unas semanas antes de ganar la moción de censura que le llevó a La Moncloa.
"Actualmente estamos trabajando en la agenda que marca el Gobierno, netamente social. En los próximos meses traeremos varias iniciativas legislativas a la Cámara que les iremos anunciando", ha contestado a los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados cuando se le ha preguntado si los socialistas van a ir adelante con la propuesta de Sánchez, que pretendía que la rebelión deje de estar directamente relacionada con alzamientos violentos de tipo militar.
El debate sobre la actualización del delito de rebelión ha resurgido después de que el miércoles, en el Pleno del Congreso, Sánchez coincidiera con la reflexión hecha por el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que advirtió de que en Cataluña no puede hablarse de intento de golpe de Estado el 1-O porque no se usó la fuerza y consideró una "frivolidad" acusar a los dirigentes del 'procés' de rebelión o sedición.
Sánchez recordó entonces que el exministro de Defensa y exdiputado del PP Federico Trillo defendió en 1994 que el delito de rebelión sólo lo podían cometer militares o civiles armados que siguieran órdenes de militares, en un intento por demostrar que la posición mantenida por el actual presidente del PP, Pablo Casado, está incluso más a la derecha que la de Trillo.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha explicado este jueves que con su intervención Sánchez sólo pretendía dejar en evidencia las contradicciones del PP. Y aunque ha defendido que en su momento España tendrá que actualizar la tipificación del delito de rebelión en su Código Penal, no ha aclarado si el Gobierno piensa presentar alguna propuesta en este sentido.
Nuevas situaciones y actores
Al poco de llegar al Gobierno, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, confirmó en sede parlamentaria que el Ejecutivo Sánchez mantenía la intención de cambiar el delito de rebelión para adaptarlo a las "nuevas situaciones" y "actores".
No obstante, resaltó que esta reforma requería un "debate sosegado" donde se alcance el "máximo de los consensos" para afrontar las "nuevas situaciones, incluso nuevos actores" que pueden aparecer en relación al delito de rebelión.
Un mes después, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, señalaba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "no procede ni está decidido" proyecto alguno para modificar el delito de rebelión.
Lastra no ha aclarado tampoco este jueves en qué momento nos encontramos con respecto a esta iniciativa que planteó el propio Sánchez desde la oposición. "Según vaya avanzando la legislatura veremos cuáles son las iniciativas a presentar y las prioridades", se ha limitado a señalar.
