El exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, en prisión cumpliendo la condena de 38 años y tres meses por la primera época de actividades de la trama Gürtel, ha solicitado a la Audiencia Nacional su libertad provisional por las grabaciones del comisario jubilado José Manuel Villarejo que apuntan a que el juez que comenzó a instruir el caso, Baltasar Garzón, habría "urdido" para hacerse cargo de la causa.

Ortega "no ha tenido ni un proceso ni un juicio justo" pues el exmagistrado tenía todo previsto antes de que fuera designado juez instructor, afirma el abogado del exalcade, Marcos Molinero, en un escrito remitido a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Europa Press. Se ha vulnerado "el derecho fundamental que todos los ciudadanos tienen al juez ordinario predeterminado por ley", recalca.

Según el letrado, las grabaciones publicadas por el digital 'Moncloa.com', en el que Villarejo cuenta que él mismo, Garzón, el excomisario general de Información Juan Antonio González y el que fuera jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) José Luis Olivera se habrían reunido un día antes de la presentación de la querella de Anticorrupción para "preparar lo de la Gürtel", resultan "nuevos indicios solventes" que demuestran lo que se ha denunciado durante todo el procedimiento, incluso durante la vista oral.

"Baltasar Garzón presuntamente urdió (previamente a recibir la querella proveniente de la Fiscalía Anticorrupción el 6 de agosto de 2008), con la Fiscalía y altos mandos policiales la forma y manera de construir una causa penal contra el Partido Popular, utilizando para ello las relaciones de este partido político con las empresas de don Francisco Correa Sánchez", concluye el escrito de siete páginas.

Nulidad de la causa

Las defensas de los condenados de Gürtel han pedido en numerosas ocasiones la nulidad de la causa denunciando precisamente este aspecto y además han recordado que el ex magistrado instructor fue apartado de la carrera judicial por ordenar escuchar las conversaciones de los investigados con sus abogados mientras se encontraban en prisión preventiva. También señalaron que Garzón se sirvió de las grabaciones "manipuladas" que aportó el denunciante de la causa, José Luis Peñas, tal y como señala el abogado de Ortega en su escrito.

Estos audios filtrados son para los abogados de varios condenados por los primeros años de la red corrupta liderada por Francisco Correa una prueba más de que el ex juez se habría saltado las normas de reparto para dirigir la investigación de la trama Gürtel. De hecho, algunos de ellos han anunciado que están preparando una querella contra Garzón tras conocer esta conversación.

Con todo ello, el abogado de Ortega, recalca que "un juez no puede hacerse cargo de una investigación si no le es encomendada conforme a las reglas de reparto establecidas".

La Audiencia Nacional acordó el ingreso en prisión de Ortega y otros condenados, entre ellos el extesorero 'popular' Luis Bárcenas, al considerar el elevado riesgo de fuga debido la alta pena impuesta. Si bien, Molinero arrebate en este escrito la decisión del tribunal y afirma que es una "apreciación subjetiva, genérica y acrítica".

En este sentido, el abogado arguye en el escrito presentado ante el tribunal que juzgó los primeros años de la Gürtel (1999-2005), que durante todos los años de instrucción, Ortega no ha tenido medidas cautelares, ni tampoco "ha mostrado el más mínimo atisbo de sustraerse de la acción de la Justicia". Así, se pregunta "por qué su cabal comportamiento" iba a cambiar.

"Algo que ya no existe"

"Es una excusa sin fundamento ni rigor alguno para inflingir al condenado el castigo de prisión provisional", pues "todo el entramado financiero y societario organizado para la sustracción de fondos ha sido descubierto, desarticulado y comisado, de tal manera que el señor Ortega no tiene ni puede tener acceso a algo que ya no existe", dice el abogado.

Por último, Molinero aprovecha para criticar que el auto de la Audiencia Nacional en el que se acuerda la prisión provisional -sin que la sentencia sea aún firme por el Tribunal Supremo-, sea un " 'corta pega' sin entrecomillar las 'hipótesis conjeturadas' facilitadas por el Ministerio Fiscal", así como que se omitan los argumentos esgrimidos por la defensa.

Por ello invita al tribunal a reflexionar "qué tipo de prisión provisional queremos para este país" y pide "actuar en consecuencia". "Probablemente, no se trate tanto de modificar las normas que regulan esta situación como aplicarlas de manera coherente", sugiere el abogado.