Duque quiere que los controles universitarios sean más eficientes

"No estamos hablando de que los controles no funcionen, estamos hablando de que sean más eficientes", ha afirmado el ministro antes de presidir el Pleno del Consejo de Universidades, que reúne a más de 80 rectores de las universidades españolas.

Según ha reiterado el ministro, "el control existe" pero ha admitido que hay que tratar que sea "de calidad" como ya ocurre, por ejemplo, en la industria, donde existe la posibilidad de hacer certificaciones institucionales.

La reunión con los rectores se produce después de que el pasado 9 de septiembre dimitiera la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, tras informaciones sobre supuestas irregularidades en su máster de Igualdad y posibles plagios en su TFM, y tras la polémica sobre la tesis doctoral del presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Estas polémicas se suman a las protagonizadas por la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, el líder del PP, Pablo Casado, que como Montón, cursaron un Máster en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

"Las universidades son las primeras en pensar que, en caso de que haya una ineficiencia en los controles que detecten ellas mismas, que se mejoren los controles -ha explicado-. Vamos a intentar que estos sean más eficientes". En este sentido, Duque ha reiterado que son las mismas universidades las que están de acuerdo en "cambiar el marco" con la nueva Ley de Universidades que prepara el Gobierno.

No obstante, para el ministro las supuestas irregularidades son "imposibles" de detectar por los controles generales de la Universidad, pues ha señalado que le consta que los recientes casos se han destapado gracias a "personas dentro de la universidad que informaban de un problema", pero no a "investigaciones en sí". "Dentro de unos controles completos de la universidad (URJC) jamás se hubieran podido detectar, ni siquiera por mucho que los cambiemos, son cosas muy particulares, están en vías de resolución, es demasiado concreto", añade.

No se ha dañado la imagen de la universidad

Para el ministro, la imagen de la Universidad española no se ha visto "dañada" y para que así no suceda, ha pedido "ayuda" para no tratar de "generalizar" estos casos, que considera "puntuales".

Preguntado sobre si puede afirmar que no hay más centros como el Instituto de Derecho Público de la URJC en los que hay un supuesto trato de favor a alumnos, ha dicho: "El que a un alumno le den un día condiciones más favorables no lo puedo garantizar porque eso compete al profesor, es como decir que puedes garantizar que a un niño no le pueden tener manía en un colegio".

Sobre este centro de la URJC, ha sostenido que ya ha hablado con el consejero de la Comunidad de Madrid. Se ha nombrado a un administrador nuevo, se ha eliminado la autonomía financiera y se ha contratado una auditoría externa. "En caso de comprobarse las irregularidades se cerrará el Instituto", ha añadido.

Por último, ha transmitido a los alumnos de la URJC tranquilidad: "Que no se preocupen, que no se dejen llevar por todo este ruido que pasará, que la universidad sigue siendo una universidad de calidad y decirles a las empresas que pensaban contratar, que tampoco se dejen llevar, estamos hablando de un caso muy concreto que no afecta a prácticamente a ningún alumno".

El "mejor" sistema de la historia

Por su parte, el presidente de la Crue Universidades Españolas, Roberto Fernández, ha afirmado que "no parece responsable como país" que se ponga en entredicho el prestigio "del mejor sistema universitario" que ha habido en la "historia de España" y que se ponga en duda su funcionamiento porque "pueda haber, entre 200.000 trabajadores que hay en la universidad, un caso en un instituto, con NIF propio, de una universidad".

Roberto Fernández se ha expresado así en declaraciones a los medios de comunicación, previas a la celebración del primer Consejo de Universidades con Pedro Duque como ministro del ramo.

Así, el presidente de Crue ha asegurado que los rectores creen que "hay que lamentar, condenar y analizar" las causas de que se produzcan un caso concreto, pero tachan de "exceso de generalización implicar al conjunto del sistema". "El hecho de que haya un caso, en un Instituto que además está 'subjudice', en ningún caso se puede extrapolar al funcionamiento del conjunto de la Universidad española", ha remachado.

Asimismo, Fernández ha trasladado a las familias y a los estudiantes que su título académico "está absolutamente garantizado" y su valor de mercado también. Así, ha insistido en que el conjunto de las Universidades "cumplen con todas las normativas" que establece el Estado, y ha asegurado que las universidades "siempre están abiertas a mejorar cualquier tipo de control interno que se considere pertinente".

Comunicado de los rectores

En este contexto, Crue Universidades Españolas ha emitido este lunes un comunicado en el que defiende que, "en los últimos 40 años, la Universidad ha sido uno de los principales motores del crecimiento económico, del desarrollo social y del progreso cultural de España".

Igualmente, los rectores defienden que las universidades cumplen "con todos aquellos requisitos" que solicita el Estado respecto a sus titulaciones, "pese a que algunos de ellos constituyen una innecesaria burocracia que implica a una gran parte del Profesorado y del Personal de Administración y Servicios, impidiendo una gestión más ágil".

"Seguiremos siempre mejorando nuestros procedimientos internos para garantizar la calidad de nuestra actividad académica", han asegurado los rectores, al tiempo que han rechazado "rotundamente que se utilice a la Universidad como arma arrojadiza en la contienda política, elevando a categoría general casos particulares, sin duda absolutamente lamentables, condenables y que deben corregirse con contundencia".

Con ello, según ha advertido Crue, "se pone irresponsablemente en peligro el prestigio" de las universidades. Finalmente, exigen a los responsables políticos que "se ocupen de las necesidades urgentes" que tienen las universidades, que "aporten más recursos y que se pongan de acuerdo mediante un Pacto de Estado en una nueva Ley de Universidades".