12 de abril de 2018
12.04.2018
Investigación

El juez deja libre a la detenida de los CDR

El magistrado se opone a la petición de prisión provisional de la Fiscalía y le impone medidas cautelares

12.04.2018 | 22:54
La Audiencia Nacional no ve rebelión en la activista de los CDR.

El magistrado de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha dejado en libertad provisional con medidas cautelares a la presunta cabecilla de los autodenominados Comités en Defensa de la República (CDR), Tamara C.G, a quien le ha retirado los delitos de rebelión y terrorismo por los que se le investigaba al inicio de la operación y le imputa únicamente delito de desorden público, informan fuentes jurídicas. Se trata de un tipo penal sobre el que en principio no es competente la Audiencia Nacional, por lo que el caso podría terminar en un juzgado de instrucción de Cataluña.

El juez desoye de esta manera la petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que pedía para ella prisión incondicional "por delitos cometidos con finalidad de rebelión", por la gravedad de las penas que se le imputa, por la posibilidad de destrucción de pruebas y ante el riesgo de reiteración delictiva, según ha informado en una nota.

No obstante el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 impone a Carrasco una batería de medidas medidas cautelares tales como la obligación de presentarse todos los lunes en el juzgado, prohibición de salida de municipio barcelonés en el que reside (Viladecans) salvo para acudir al trabajo si éste estuviera fuera de su localidad, la necesidad de autorización judicial para salir del término municipal, prohibición salida del territorio nacional y obligación de facilitar número de teléfono y una dirección para que pueda estar localizable.

De esta forma pasa de afrontar delitos de terrorismo y rebelión (este último acarrea penas de prisión de hasta 30 años en los casos más graves) a un delito por desorden público, recogido en el artículo 557 del Código Penal, y que prevé penas que van desde seis meses hasta seis años de cárcel para los casos más graves.

El juez además ha dictado una orden de detención para la otra persona contra la que iba dirigida la bautizada como operación 'Cadera' el pasado martes y en el marco de la cual se detuvo a Carrasco en su domicilio de Viladecans. Tras el registro del mismo, agentes de la Guardia Civil se incautaron de documentación relativa a un acuartelamiento del Instituto Armado en Barcelona además de cartelería, una agenda, diversos móviles y una memoria externa.

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