El exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato ha sido citado a declarar de nuevo como investigado el próximo 5 de abril a las 10.30 horas por el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, que le investiga por el origen presuntamente ilícito de su fortuna familiar.

El magistrado Antonio Serrano-Arnal adopta esta decisión después de que la Audiencia Provincial de Madrid le ordenara la reapertura de la causa relativa al delito de blanqueo de capitales, que él mismo sobreseyó el pasado mes de mayo al considerar que el informe de la Guardia Civil en que se apoyaba la investigación carecía de "sustento básico".

En dicho informe, la Unidad Central Operativa (UCO) atribuía a Rato posibles delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, cohecho y malversación de caudales públicos. Según el Instituto Armado, se aprovechó del proceso de privatización de empresas propiedad del Estado, como Endesa, Repsol o Telefónica, para "colocar" en los puestos de dirección a personas de confianza y obtener "sustanciosos contratos de publicidad".

Igualmente expuso que el que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) se valió de su influencia en dichos nombramientos para luego obtener "sustanciosos contratos de publicidad" a través de la sociedad Cor Comunicación --creada con sus hermanos y cuyo control adquirió por completo en 2013-- y otras derivadas también bajo su control como Muinmo o Emisoras Rato.

Pese al archivo provisional de esta parte de la instrucción, el juez expuso que los contratos se realizaron "con importes excesivos" y cifró en 71.902.822 euros la facturación provenientes de las empresas privatizadas durante su etapa en la vicepresidencia del gobierno.

El pasado mes de octubre, la Sección 23 de la Audiencia Provincial estimó parcialmente el recurso interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción y ordenó al juez continuar con las diligencias de esta parte de la instrucción al entender que existen indicios suficientes de que "ha tenido sociedades domiciliadas en el extranjero utilizando como testaferros a sociedades fiduciarias, sin actividad social conocida".