La Fiscalía Anticorrupción ha pedido penas que suman diez años de prisión para los exalcaldes de Alicante Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi por los presuntos amaños del Plan General de Alicante. El fiscal les acusa de delitos continuados de cohecho, revelación de información privilegiada, tráfico de influencias. A Alperi se le acusa también de un delito de prevaricación a título de cómplice por el que reclama su inhabilitación de cinco años.Para el empresario Enrique Ortiz se reclaman penas que suman ocho años de prisión por delitos de corrupción de autoridades, aprovechamiento de información privilegiada y tráfico de influencias. El fiscal Felipe Briones acusa a los dos exalcaldes de haber facilitado información reservada al empresario sobre el futuro planeamiento de la ciudad a cambio de dádivas y regalos. Ayer presentaron sus escritos de acusación en la causa del PGOU Esquerra Unida y el Ayuntamiento y hoy lo ha hecho la Fiscalía Anticorrupción.
Para los abogados urbanistas Javier Gutiérrez, exconcejal socialista, y José Luis Castedo, hermano de la exalcaldesa, se reclama para cada uno penas que suman diez años de prisión y otros cinco de inhabilitación, por los delitos de cohecho, revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y prevaricación. A través de este despacho se resolvieron alegaciones al Plan General que a veces presentaron ellos mismos, según las acusaciones.
Para el empresario Ramón Salvador se le reclaman tres meses de cárcel por un delito de corrupción de autoridades públicas. Este promotor se presentó a declarar en el juzgado una vez finalizada la instrucción donde aseguró que las exautoridades municipales ahora investigadas le presionaron para que pagara comisiones.
Asimismo, para los acusados de haber realizado entregas de dinero en el domicilio de Alperi se les acusa de un delito de corrupción de autoridades. Por ello se pide un año y medio de cárcel para Virgilio Ortiz y Santiago Bernáldez; mientras que para Pablo Rico se reclaman seis meses de prisión.
