La defensa del principal responsable de la tragedia del Madrid Arena, Miguel Ángel Flores, ha negado hoy en el Tribunal Supremo que existiera un sobreaforo y ha responsabilizado al Ayuntamiento por la falta de seguridad así como por las deficiencias de un recinto "ilegal" cuya pista era "inevacuable".

Son los principales argumentos que el letrado Jose Luis Fuertes ha expuesto en la vista pública, celebrada en el Salón de Plenos del Alto Tribunal, para revisar los recursos de los condenados y algunas familias contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que condenó a Flores a cuatro años de prisión por ser el máximo responsable de la muerte de cinco jóvenes el 1 de noviembre de 2012.

En su intervención, el letrado ha negado toda responsabilidad de su cliente en la tragedia - por la que se condenó a siete de los quince acusados en la causa- al afirmar que "no existe ni una sola prueba de cargo" que permita condenar a Flores por lo ocurrido.

Lo ha negado todo: el sobreaforo, la elevada venta de entradas que según la sentencia fue de 16.492 y que Flores rebaja a 9.650, su responsabilidad en la seguridad del evento o la contratación de un servicio médico deficiente y sin medios.

Y ha responsabilizado directamente de lo ocurrido al Ayuntamiento al considerar que la causa de la tragedia se debe a las "deficiencias estructurales" de un "edificio radicalmente ilegal" cuya pista central era "inevacuable" en caso de incendio.

El abogado ha aseverado que el recinto "nunca tuvo licencia, porque siempre se denegaba" y que "las deficiencias nunca fueron subsanadas", por lo que "era imposible el control del aforo por planta y el flujo de acceso".

Igualmente, ha cargado contra el Ayuntamiento por su responsabilidad en la seguridad del evento al imponer la contratación de Seguriber, que no desplegó efectivos ni vigilantes suficientes, puesto que Flores solo dispuso de "un servicio de orden (roperos, porteros y azafatas) sin autoridad".

Por todo ello, ha pedido la absolución no solo de Flores sino también de otros dos responsables de la promotora del evento Diviertt que defiende, Santiago Rojo y Miguel Ángel Morcillo; como también ha hecho el letrado del coordinador de proyectos del departamento de operaciones de Madridec, Francisco del Amo.

Al respecto, su abogado ha alegado que Del Amo no dio la orden de abrir el portón de carga por el que se colaron centenares de personas procedentes del macrobotellón exterior, al tiempo que ha querido dejar claro que "no era el garante máximo del evento".

Por su parte el abogado del Carlos Manzanares, socio de Kontrol 34, ha señalado que los controladores de esta empresa no podían dar órdenes y que estaban bajo el mando de Diviertt, mientras que el letrado de los jefes de Seguriber Juan José París Nalda y Raúl Monterde ha argumentado que la seguridad interior no era su competencia.

Al margen de los condenados, las letradas de dos de las cinco familias -Katia Esteban y Cristina Arce- han pedido a la Sala que condene a los médicos Simón y Carlos Viñals por su responsabilidad directa en las muertes de las jóvenes.

Han argumentado que los doctores no prestaron la debida atención médica a las víctimas, que fueron erróneamente diagnosticadas, que la avanzada edad de Simón (77 años en el momento de los hechos) influyó decisivamente al no poder realizar determinadas maniobras por su edad, que no cumplieron los protocolos mínimos de reanimación cardiopulmonar y que esta fue "sin más, básica y mínima".

Ahora habrá que esperar unas cuantas semanas para que la Sala se reúna para la deliberación y fallo, que fuentes consultadas por Efe prevén que sea antes de fin de año, y poner punto y final a uno de los capítulos más negros de la última década en Madrid.