Pasados 15 años desde que el Prestige vertiese al mar unas 63.000 toneladas de fuel y generase una marea negra que afectó a la costa gallega y a las de Asturias, Cantabria y Francia, expertos consideran que aún hay "lecciones por aprender". Así, piden un organismo único que "tome las decisiones" ante este tipo de catástrofes ambientales que esté por encima de "intereses locales, regionales, nacionales o internacionales". Fue el 13 de noviembre de 2002, sobre las 15.15 horas, cuando los servicios marítimos recibieron una llamada de socorro que alertaba de una vía de agua en el Prestige, un petrolero con 27 tripulantes que navegaba a 28 millas de Fisterra (A Coruña) con 77.000 toneladas de fuel.

Desde esa fecha, y tras detectarse el primer vertido, se optó por alejar de la costa al barco, que estuvo escoltado por la Armada y al que se le prohibió atracar en cualquier puerto de España. El 19 de noviembre de 2002, el petrolero se partió en dos y fue a pique y dio lugar a una de las mayores catástrofes marítimas, que tiñó de chapapote las costas de Galicia y las del Cantábrico y Francia.

Junto a la marea, el siniestro provocó también una respuesta social sin precedentes con la llegada masiva de voluntarios a Galicia que se encargaron de recoger el fuel. El juicio, sin embargo, no llegó hasta diez años después y sentó en el banquillo, además de al capitán, al jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y al que fuera director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors. Ambos fueron absueltos.

¿Qué se aprendió en la catástrofe? "Aprendimos en señalización, en una eliminación y mayor control de los buques que no cuentan con las condiciones para transportar mercancías peligrosas o a poner en marcha listas negras de embarcaciones", recuerda el que fuera presidente de la Xunta entre 1987 y 1990 y de Puertos del Estado durante el gobierno de Zapatero, Fernando González Laxe.

Su posición es compartida por otros conocedores de la seguridad marítima como el almirante Fernando del Pozo, que desempeñó importantes cargos la dirección del Estado Mayor Internacional de la OTAN. Así, critica que lo "único que se haya hecho" en "todo este tiempo" sea "crear un consejo de seguridad". En su opinión, este tipo de órganos no son "operativos" ante problemas que afectan a la seguridad en el mar. "Se aprendieron algunas lecciones aunque muchas no son las correctas", aseguró el almirante, que considera que algunos de los medios que tiene la flota de Galicia no son "los más adecuados para fines de salvamento" o para problemas como el del Prestige.

González Laxe lamenta que "solo se aprenda" los años siguientes a los que se producen los desastres pero que no se aprovechen "los momentos de calma" para trabajar. "Hoy nadie quiere hablar de ese tema porque no hay a la vista ningún peligro, pero los peligros cero no existen. Siempre hay un riesgo importante", destacó.

Según los datos facilitados a Europa Press por Salvamento Marítimo, el Dispositivo de Separación de Tráfico de Fisterra detectó el año pasado un total de 37.126 barcos, de los que 12.786 transportaban mercancías peligrosas. Tras el accidente, la normativa internacional obliga a que todas las embarcaciones comuniquen su presencia al Servicio de Tráfico Marítimo de Fisterra al cruzar las líneas de demora 130 a Cabo Vilán y 75 a Cabo Fisterra.

Desde la Consellería do Mar explican que el Estado es "el máximo responsable" de la toma de decisiones ante una catástrofe como la ocurrida en noviembre de 2002 ante las costas gallegas. Con todo, 15 años después del hundimiento, el departamento autonómico ve a España "mucho más preparada" para afrontar un acontecimiento de estas características, "tanto científicamente como a nivel de medios", ya que cuenta con un Sistema Nacional de Respuesta ante contaminación marítima.

La catedrática de Derecho Mercantil y experta en derecho marítimo Ana Belén Campuzano asegura que todavía no hay un acuerdo sobre un protocolo a seguir sobre los puertos refugio cuando hay un buque en dificultades, como ocurrió con el Prestige hace 15 años, debido al "coste político" que supondría.

González Laxe no olvidó otra de las cuestiones que centró la atención tras el accidente, las indemnizaciones. "No aprendimos. Los fondos de indemnización son insuficientes y están mal orientados", lamentó. Sobre esta cuestión, precisó que una parte de estas cuantías las aportan los Estados y la otra las compañías. "Es muy difícil que si tu no haces un aporte económico a ese fondo después la indemnización sea acorde", aclaró.

En esta línea, la asociación Arco Iris reiteró ante el magistrado que presidió el juicio por el hundimiento del Prestige, José Luis Pia, la petición definitiva en concepto de indemnización por daños medioambientales de un total de 4.328 millones de euros. Arco Iris aseguró que esta estimación es reconocida en la sentencia emitida por el Tribunal Supremo en enero de 2016. La Audiencia Provincial de A Coruña ultima la cuantificación de la responsabilidad civil por los daños de la marea negra, que previsiblemente hará pública esta semana.