El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, ha asegurado hoy que no es afín a ningún partido político y que nunca ha tratado de proteger a algún sospechoso de corrupción ni ha tratado de evitar que un cargo político fuera investigado.
Moix ha hecho estas declaraciones en Onda Cero en referencia casos como el denominado Lezo, por el que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González se encuentra en prisión provisional, y ha apostillado: ''Si hay indicios, no conjeturas o sospechas, se les investiga hasta el final".
Ha indicado que nadie le aseguró que si se presentaba a la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción saldría elegido, ha recalcado que no habló con anterioridad sobre este asunto con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y ha recordado que según establece el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal "ningún Gobierno puede dar una orden al fiscal general".
Moix ha subrayado que todas las veces que coincidió con Ignacio González fueron en actos institucionales ya que durante doce años fue fiscal jefe de Madrid y el político era primero vicepresidente y luego presidente de la Comunidad madrileña.
"Asistí a miles de actos y hablaba también con Esperanza Aguirre, con el consejero de Justicia y con Cristina Cifuentes -actual presidenta de la Comunidad madrileña-, que era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y luego delegada del Gobierno, pero era normal en mi función como fiscal jefe", ha insistido.
Oportunidades políticas
Preguntado por el hecho de que todos los grupos parlamentarios salvo el PP pida su destitución ha comentado: "Los partidos actúan con criterios de oportunidad política respetables pero los fiscales lo hacemos con criterios jurídicos".
Moix se ha puesto a disposición de todos los grupos políticos, se ha ofrecido a reunirse con todos ellos para explicarles el funcionamiento de su Fiscalía y se ha mostrado convencido de que "en un 95 por ciento" compartirían el plan de actuación de la misma para luchar contra la corrupción, "que es el fin común".
De todas formas no se siente objeto de una "cacería política" y achaca esta situación a un marco de "inestabilidad al no existir mayoría parlamentaria" y tampoco cree que esté siendo injustamente tratado por los medios de comunicación, "que hacen su trabajo lo mejor que pueden aunque en ocasiones deberían revisar la fiabilidad de las fuentes de información".
Moix ha aclarado que el amparo que estudia hoy el Consejo Fiscal de los fiscales que llevan el caso de las comisiones del 3 % de CDC no es contra él sino por unas denuncias presentadas contra ellos, en concreto por el empresario Rafael Pallardó, que asegura que le coaccionaron para que declarara contra el expresidente de Cataluña Jordi Pujol.
Ha explicado que decidió que los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo pasen el caso del 3 % a los fiscales Anticorrupción de Cataluña por un criterio de distribución territorial del trabajo pero que acatará la decisión que adopte el fiscal general, José Manuel Maza, una vez que oiga hoy al Consejo Fiscal.
