El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maillo, ha asegurado hoy que la decisión de la Audiencia Nacional de tomar declaración como testigo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la investigación del caso Gürtel "no tiene ningún recorrido" y es "excepcional".

Martínez-Maillo ha asegurado respetar la decisión judicial aunque también ha mostrado su discrepancia con ella porque Rajoy no ocupaba las responsabilidades que le atribuye la asociación que ejerce la acción popular en este caso, que ha vinculado al Partido Socialista y a la que ha acusado de tener "fines políticos o espúreos".

El coordinador general del PP ha llamado también la atención sobre que en tres ocasiones anteriores la petición de comparecencia de Rajoy como testigo fue rechazada, una en la instrucción por el juez Ruz y dos por la Audiencia Nacional.

El PP ha publicado un comunicado en la misma línea argumental. Para los populares, la decisión "contradice claramente" la propia doctrina de la Audiencia Nacional. "El mismo Tribunal rechazó el testimonio de Mariano Rajoy con el argumento de que no era "ni pertinente, ni útil" para la causa", dice la nota. "El Partido Popular pone en evidencia el error al que induce la acusación popular al hacer uso de alegaciones falsas y atribuir a Rajoy unas funciones que no correspondían a sus cargos", añade.

"Hay que destacar que la declaración de Mariano Rajoy en el procedimiento es una muestra del proceso mediático que la acusación popular de ADADE pretende seguir. Consideramos que todo ello supone una situación de abuso de derecho

ningún tipo de responsabilidad

El tribunal, que enjuicia la etapa de Gürtel entre 1999 y 2005, ha acordado la declaración de Rajoy por mayoría de dos magistrados contra uno, después de dos recesos y en contra del criterio de la fiscal Concepción Nicolás, la Abogacía del Estado y el PP.

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El tribunal tendrá que decidir de qué manera testifica el jefe del Ejecutivo, si lo hace de forma presencial ante el tribunal o por videoconferencia.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) establece en su artículo 702, a diferencia de en la fase de instrucción, en la que el presidente del Gobierno y los miembros de su Ejecutivo, entre otros cargos, deben declarar desde su despacho o su domicilio y pueden hacerlo por escrito, que una vez abierto juicio oral, "están obligados a declarar" y "lo harán concurriendo ante el Tribunal".

Pero añade en el siguiente artículo que su citación "se hará de manera que no perturbe el adecuado ejercicio de su cargo".

Además, esa misma ley abre una vía para que la declaración de Rajoy se realice por videoconferencia, por decisión del propio tribunal o a petición del citado, "por razones de utilidad, seguridad o de orden público" o cuando la comparecencia le "resulte gravosa o perjudicial".

De hecho, la misma Audiencia Nacional optó por la videoconferencia para tomar declaración en 2014 al entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, entre otros altos cargos, en el juicio por el asedio al Parlament.

No podrá declarar por escrito

Pero Rajoy no podrá declarar por escrito, un instrumento reservado para la Familia Real y también para cargos como el presidente del Gobierno, pero en este último caso solo cuando se trate de hechos conocidos por razón de su cargo y Rajoy no era jefe del Ejecutivo entre 1999 y 2005.

Como "un día de júbilo" ha recibido la noticia el abogado José Mariano Benítez de Lugo, que representa a la acusación ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), cuya petición de que testifique Rajoy ha prosperado tras varios intentos fallidos.

Adade ha pedido cuatro veces la citación de Rajoy como testigo, una en fase de instrucción y tres desde que se abrió el juicio oral con 37 acusados por los presuntos delitos cometidos por la red Gürtel entre 1999 y 2005.

Esa acusación ha insistido al considerar que Rajoy fue vicesecretario general del partido y "responsable de asuntos electorales" entre 1990 y 2003, pero la fiscal, a cuyos argumentos se ha adherido la Abogacía del Estado, se ha opuesto por tercera vez por "innecesaria, prescindible y reiterada" a la testifical.