Los sindicatos de estibadores han señalado este lunes que no es necesaria una mediación para resolver el conflicto, y han pedido al Gobierno que presente una nueva propuesta normativa que permita cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) y garantizar al cien por cien el empleo.
Los sindicatos de estibadores subrayan, en un comunicado conjunto, que, tras el acuerdo alcanzado con la patronal Anesco el pasado 29 de marzo, "no se precisa la mediación" al respecto, aunque agradecen la intervención del mediador y su contribución al acercamiento de posiciones entre las partes.
Según los sindicatos, para terminar de desarrollar el acuerdo suscrito con las empresas del sector, queda por conocer la nueva propuesta normativa que debe ofrecer el Gobierno "para dar respuesta a los requerimientos de Europa" y "que se cumpla la garantía de empleo" de los trabajadores y su "vinculación laboral futura (directa o indirecta) con las empresas".
La patronal acepta la mediación con condiciones
La patronal de empresas estibadoras Anesco ha aceptado la propuesta de acuerdo sobre la reforma del sector planteada por el mediador, el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, aunque condicionada al esclarecimiento y cumplimiento de una serie de aspectos.
La decisión ha sido tomada por unanimidad de todas las empresas estibadoras que pertenecen a Anesco en una asamblea celebrada ayer, con el objetivo de valorar la propuesta de mediación entregada a la patronal el pasado jueves.
Las empresas piden que se determine el marco jurídico de la reforma del modelo de la estiba, es decir, si se mantendrán todos los términos del real decreto-ley derogado y, en especial, sobre su régimen transitorio, así como su posterior desarrollo, según la carta enviada por Anesco al mediador, con copia a las partes sindical y gubernamental.
Asimismo, las empresas quieren que se determine el alcance real de las medidas propuestas por el Gobierno en su plan de ayudas a los trabajadores portuarios y que se especifique el número de afectados, su distribución geográfica y los plazos.
También piden que exista una garantía de igualdad competitiva entre los operadores actuales y los nuevos que entren en el mercado en el nuevo marco legal.
Las empresas solicitan, además, la tutela del Gobierno para garantizar el desarrollo de los compromisos adquiridos y el cumplimiento de la legislación nacional y comunitaria.
Finalmente, las empresas vinculan a la totalidad en cuanto al cumplimiento de todas las medidas propuestas, según recoge el documento.
