El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, propondrá al Gobierno cambios que afectan a las principales fiscalías dedicadas a las luchas contra la corrupción, con el nombramiento de Manuel Moix al frente de la fiscalía especializada, y el relevo en la Audiencia Nacional y en las fiscalías de Murcia y Andalucía.

Entre las decisiones más relevantes adoptadas tras el Consejo Fiscal, está el relevo de Javier Zaragoza al frente de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, cargo que pasará a ocupar Jesús Alonso.

José Luis Díaz Manzanera será el nuevo fiscal superior de Murcia en sustitución de Manuel López Bernal (el fiscal que investiga al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en el caso Auditorio); Carmen Adán relevará a Juan Ramón Calparsoro en el País Vasco y Ana Tárrago hará lo propio con Jesús María Calderón en Andalucía.

La Fiscalía General del Estado ha dado a conocer esas propuestas de nombramiento después de que el Consejo Fiscal haya deliberado y votado durante todo el día la renovación de la cúpula fiscal.

En total, se han propuesto 35 nombramientos, incluido el relevo en la Unidad de Apoyo (órgano de gran relevancia en el funcionamiento interno de la Fiscalía) y en la que José Luis Bueren será sustituido por Francisco Moreno.

En el caso del País Vasco, según las fuentes consultadas por Efe, el actual fiscal superior, Juan Ramón Calparsoro, ha sido el más votado con cinco apoyos, pero el resultado de la votación no es vinculante y Maza ha propuesto el nombre de Carmen Adán.

No habrá cambios en la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, en la que seguirá Antonio Vercher, ni en Seguridad Vial (Bartolomé Vargas), ni en Criminalidad Informática (Elvira Tejada), ni en Cooperación Penal Internacional (Rosa Ana Morán), ni en Extranjería (Joaquín Sánchez Covisa) ni en Antidroga (José Ramón Noreña).

Seguirán en el Supremo como fiscal de Sala jefe de lo Penal Ignacio Campos y de lo Social Pilar Barrero.

Tampoco hay novedades en las fiscalías superiores de La Rioja (Enrique Stern) o Castilla-La Mancha (José Martínez).

Ahora, el fiscal general del Estado comunicará al Consejo de Ministros sus propuestas para que se realicen formalmente los nombramientos.

Aunque la Fiscalía no ha informado oficialmente del reparto de los votos, fuentes conocedoras del mismo han informado a Efe de que Manuel Moix ha conseguido ocho de los doce votos de los miembros del Consejo.

Se da la circunstancia de que Moix, hasta ahora fiscal jefe del Supremo y fiscal jefe de Madrid durante 12 años, era el único de los siete aspirantes al puesto (vacante desde la jubilación de Antonio Salinas) que no pertenecía a Anticorrupción.

Ahora, asumirá el puesto clave en el órgano especializado que lleva investigaciones como Bankia, Pujol, Púnica, Bárcenas, Nóos, Gürtel Nummaria, Blesa, los ERE de Andalucía, De la Serna y Rumasa, entre otros.

La carrera de Moix -quien no está asociado a ninguna de las grandes asociaciones representativas- está marcada por su etapa al frente de la Fiscalía de Madrid, que dirigió entre 2003 y 2015 y que cerró con su denuncia contra el exvicepresidente del Gobierno, expresidente de Caja Madrid y de Bankia y ex director gerente del FMI, Rodrigo Rato.

Una actuación polémica ocurrida pocas fechas antes de su promoción al Supremo, que se saldó con el registro y la detención (durante horas) de Rato y que provocó recelos precisamente en Anticorrupción, que consideraba que la investigación de la Agencia Tributaria no estaba lo suficientemente madura como para actuar.

Estuvo de acuerdo con los registros por "las razones de urgencia que se plantearon en el último momento", pero no con la detención y, de hecho, solicitó horas después la puesta en libertad de Rato.

Fue la última gran decisión de Moix en la Fiscalía de Madrid, a la que llegó en 2003 y en la que debutó con la acusación al "asesino de la baraja", el asesino que atemorizó a los madrileños durante seis meses en los que mató a seis personas.

El paso por Moix por la Fiscalía madrileña tuvo otras actuaciones destacadas, como la acusación que dirigió el mismo contra Elpidio Silva -el juez que ordenó encarcelar al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa- y que fue inhabilitado por 17 años y medio por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, decisión que fue ratificada por.

Y polémicas como la decisión de calificar de falta y no de delito el incidente de tráfico que protagonizó Esperanza Aguirre en la Gran Vía pese a que la Audiencia de Madrid consideraba que debía investigarse como un posible delito de desobediencia a la autoridad.

También se opuso a imputar al que fuera jefe de la Policía Municipal de Madrid Emilio Monteagudo por la tragedia del Madrid Arena, quien finalmente fue juzgado y absuelto.

Firme defensor de que los fiscales dirijan las instrucciones judiciales, entre sus primeros destinos estuvo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde participó en la investigación del Caso Atocha, sobre las presuntas irregularidades cometidas por responsables políticos en beneficio de Construcciones Atocha o empresas afines.

En diciembre de 2000 fue nombrado fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y casi tres años después, en julio de 2003, presentó su candidatura a la jefatura de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde relevó a Mariano Fernández Bermejo.

Jesús Alonso

Más ajustado ha sido el resultado en la Audiencia Nacional, donde Alonso ha logrado siete votos por cinco de Zaragoza, o en Murcia, donde Díaz Manzanera también se ha impuesto a Bernal por siete a cinco.

Zaragoza dejará la jefatura de la Fiscalía Audiencia Nacional tras diez años en el cargo y será sustituido por Jesús Alonso, teniente fiscal de esa Fiscalía y portavoz de la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera y de tinte conservador.

Su sustituto, Jesús Alonso, es definido por sus compañeros como alguien "discreto" y de "buen carácter", capaz de entablar "magníficas relaciones" con policías y jueces con los trabaja a diario y con los que suele tener "muy buen trato".

Característica muy valorada cuando se está haciendo un trabajo en común, destacan las fuentes consultadas en la Audiencia Nacional y que conocen de tiempo a este fiscal que llegó a la casa en 1996 y que en 2013, siendo Eduardo Torres-Dulce fiscal general, fue nombrado teniente fiscal estando al frente Javier Zaragoza, al que ahora sustituye.

Alonso, nacido en Madrid en 1962 y portavoz de la Asociación de Fiscales desde 2015, obtuvo ese nombramiento sin el apoyo de su jefe, que en la elección votó al candidato de su asociación, la Unión Progresista de Fiscales.

La relación entre Alonso y Zaragoza no comenzó bien del todo, debido a la disparidad de criterios en la acusación al etarra Iñaki de Juan Chaos por amenazas en dos artículos que publicó en Gara, en los que arremetía contra responsables de prisiones y el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Poco antes del juicio, Alonso, que, bajo las órdenes de Eduardo Fungairiño, había pedido para el etarra 96 años de prisión, renunció finalmente al caso tras una reunión preparatoria de la vista oral en la que Zaragoza le pidió exponer sus argumentos para sostener esa acusación.

Al considerarlos insuficientes, Zaragoza admitió la renuncia y fue el entonces teniente fiscal Fernando Burgos, al que luego sustituiría Alonso, el encargado de rebajar la petición de cárcel, que se tradujo en una condena inicial de 12 años, que luego el Supremo dejó en 3 años, y una vez cumplidos, protagonizó su famosa huida a Venezuela para evitar ser juzgado por un nuevo delito.

Tras este episodio, Alonso ha ido en consonancia con las directrices de su jefe, como la de combatir la puesta en libertad condicional del etarra Iosu Uribetxeberria Bolinaga por cuestiones humanitarias o la de aplicar la sentencia europea que abolió la doctrina Parot y que llevó a la excarcelación de más de medio centenar de etarras.

Ahora Alonso, ha sido el único de los miembros de esta Fiscalía que se ha postulado para disputarle a su hasta ahora jefe un cargo en el que Zaragoza ha permanecido diez trascendentales años.

Una larga década en la que ambos han sido testigos de primera mano del fin de ETA, del 11-M o del fenómeno yihadista impulsado por el Estado Islámico.

Eso le hace estar "muy preparado jurídicamente" para el trabajo de coordinación con policía y jueces, con los que suele mantener "magníficas relaciones", enfatizan las fuentes.

Antes de llegar a la Audiencia Nacional, entre 1989 y 1996, ejerció de fiscal en Barcelona ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.