Después de cerca de siete años de pesquisas, el juez que investiga los presuntos amaños durante la tramitación del Plan General de Alicante entregará hoy a las partes el auto en el que se resuelve el procesamiento de los implicados, lo que les acerca al banquillo por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho e información privilegiada. Los abogados de todos los investigados están citados a primera hora de la mañana de hoy en el juzgado de Instrucción número cinco de Alicante para hacerles entrega del auto, de más de 200 folios, por el que se cierra la instrucción. El magistrado Manrique Tejada tiene previsto notificar el documento donde se concretan los hechos que se le imputan a los investigados y el grado de participación en los mismos de cada uno de ellos, entre los que destacan los dos últimos alcaldes del PP de Alicante, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, y el empresario Enrique Ortiz. Contra esta decisión cabe recurso aunque no tiene carácter suspensivo.

La causa investiga si los representantes municipales facilitaron al empresario información privilegiada del futuro planeamiento urbanístico de Alicante. Las fuentes consultadas por Diario Información apuntaron a que la causa podría quedar archivada para la mujer de Ortiz, Manuela Carratalá, al considerar que no habría tenido un papel relevante en estos hechos.

El resto de los investigados que se sentarán en banquillo son el arquitecto redactor del Plan General, Jesús Quesada; los abogados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo; el empresario ilicitano Ramón Salvador Águeda; así como los empleados de Ortiz Pablo Rico, Santiago Bernáldez y, posiblemente, Virgilio Ortiz. El juez archivó recientemente la causa para Rico y Bernáldez, pero la Audiencia le obligó a volverlos a imputar al considerar que su implicación o no en los hechos debería decidirse en el momento del juicio.

La investigación es una de las piezas separadas del llamado caso Brugal que se inició en el año 2007 por un juzgado de Orihuela ante una presunta trama de sobornos en la adjudicación de la contrata de la basura. Las escuchas telefónicas generaron una veintena de piezas separadas que se derivaron a otros juzgados en julio de 2010. El cierre de una de esas piezas separadas, la relativa a las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan Rabasa, ha sido confirmada recientemente por la Audiencia al no ver los magistrados indicios de delito.

Además de las filtraciones de información privilegiada del planeamiento urbanístico de Alicante, la causa investiga las supuestas dádivas que tanto Alperi como Castedo habrían percibido del empresario. Entre los regalos que habría recibido Alperi está un viaje a Creta en jet privado así como tres bungalows para los hijos del exalcalde. En el caso de Castedo, se cita un coche Mini y varios viajes a Andorra y a Ibiza, estos últimos en el yate de Ortiz.

En la causa aparecen también los letrados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, hermano de la exalcaldesa, cuyo despacho se habría dedicado a resolver para el Ayuntamiento alegaciones al Plan General que ellos mismos presentaban para algunos de sus clientes particulares.

Según las fuentes consultadas por este diario, el auto sigue la misma línea de la exposición razonada que ya elaboró el juez en julio de 2012 cuando envió la causa al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad para que continuara investigando los hechos dado que Alperi y Castedo eran en ese momento aforados por su condición de diputados autonómicos. En aquella ocasión, el magistrado destacaba la capacidad de Enrique Ortiz para influir en las autoridades municipales, afirmaba que se prevalió "de su especial relación personal con Alperi y Castedo" para obtener información relativa al Plan General que todavía no tenía carácter público y precisaba que "procedieron a modificarlo en atención a los deseos manifestados por un particular".